El desenlace del procedimiento parlamentario para designar a los miembros del Consejo General del IFE con voz y voto no merma en lo absoluto la legitimidad del órgano electoral ni la de los dichos consejeros, ya que son por entero ajenos a tal procedimiento. Ni siquiera el haber sido propuestos por sólo dos de los partidos con derecho a hacerlo afecta su credibilidad, que deberá mostrarse durante su desempeño.
Los consejeros salientes, que cumplieron cabalmente sus responsabilidades, no se sintieron jamás atados a las posiciones de los grupos parlamentarios que presentaron sus candidaturas. Hasta que ocurriera lo contrario, el IFE no resulta dañado por el método de designación.
La responsabilidad del desaguisado en que concluyó el ejercicio de una de las principales facultades que reserva la Constitución a la Cámara de Diputados recae en los grupos parlamentarios, principalmente los del PRI y Acción Nacional. La fracción perredista participa de esa responsabilidad en la medida en que accedió al reparto partidario de la presentación de candidaturas. Pero al defender un principio y evitar con ello que se ejerciera venganza contra los consejeros salientes como en último término ocurrió, puso a salvo su compromiso con la legalidad y con los ciudadanos.
Como fracción con mayor número de miembros, la priista sentó las reglas del juego: el grupo más grande tendría derecho a proponer cuatro candidaturas, incluida la del consejero presidente; Acción Nacional tendría derecho a presentar tres candidaturas y dos el PRD.
Y no habría reelección. Adujo razones constitucionales y legales insostenibles. Nada hay en los ordenamientos aplicables que la impida. Siempre que la norma constitucional o las que de ella se derivan quiere la no reelección, lo estipula expresamente.
Se exhumó un artículo transitorio de la reforma de 1996 donde, allí sí de modo expreso se establece la no reelección de los consejeros ciudadanos que habían sido elegidos en 1994. El texto era pésimo entonces, pues era innecesario impedir la reelección de dichos consejeros porque su cargo desaparecía.
Más aún, el propio IFE en que habían actuado en los dos años anteriores se transformaba por completo: moría el que dependía del Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación y nacía un órgano constitucional autónomo. Era imposible la reelección. Pero se quiso establecerla inequívocamente, por lo cual no se refiere en lo absoluto a los consejeros electorales que eran elegidos entonces.
Si lo hubiera querido el legislador, lo hubiera incluido en el texto permanente, no en un transitorio, cuya vigencia quedó fechada con claridad: se refiere específicamente al 31 de octubre de 1996 y era imposible aplicarlo en ningún momento posterior.
Tanto lo entendían así dos de los partidos protagonistas que Acción Nacional propuso la candidatura de Alonso Lujambio y el PRD la de Jesús Cantú. Hubieran podido proponer la del resto de los consejeros, todos los cuales estaban dispuestos a ser reelegidos si así los convenían los integrantes de la Cámara. Era su convicción que no había impedimento alguno que estorbara su permanencia en la institución. Y después de haber comprobado la ética de su conducta en el IFE nadie tendría derecho a suponer que realizaban esa interpretación para obtener un provecho propio.
El PRI desplegó su rencor contra el órgano electoral que los sancionó con mil millones de pesos y, más allá del monto de la pena, estableció con rotundidad y nitidez el modo en que ese partido se hacía de recursos públicos, una manera siempre supuesta y sólo en esta oportunidad debidamente comprobada. Lo amenazó en su momento y cumplió cabalmente su amenaza. Disfrazó su resabio político con un mal confeccionado argumento legal. Y se llevó consigo a Acción Nacional, que ocultó tras un pretendido “ánimo de Estado” el dejarse avasallar por el PRI.
La fracción priista, además, incluyó el de los consejeros electorales entre los temas que tensan sus relaciones internas. Enfermo el ejercicio de una facultad constitucional por las coyunturas conflictivas, los inconformes con la conducción de Elba Ester Gordillo olvidaron la naturaleza de los cargos que se trataba de nombrar y supusieron que estaban designando representantes suyos.
Les ofendió por lo tanto, les pareció entreguista, el que su lideresa “cediera” el IFE a sus antagonistas, dejando en manos de éstos la mayoría del Consejo, cinco contra cuatro. Y demandaron tener la mayoría.
Cuando el PRD se retiró de la negociación por no ser aceptada la candidatura de Cantú y dejó en blanco dos candidaturas, los partidos con mayor número de miembros se repartieron una cada quién y la lideresa dejó creer que dominarían con cinco consejeros las decisiones que tienen que tomar nueve.
Esperemos a saber que se equivocaron. No hay, no debe haber entre los miembros del Consejo del IFE con derecho a voz y voto, cinco representantes del PRI y cuatro del PAN. Esos partidos ciertamente están representados, como todos los demás, ese Consejo, con voz pero sin voto.
Autoriza a pensar que los nuevos consejeros no son deudores de una designación que oportunamente les será cobrada, la convicción de Luis Carlos Ugalde sobre el IFE. Mucho antes de esta coyuntura escribió que “la consolidación de la democracia requiere instituciones electorales que permitan traducir votos en gobernantes electos mediante procedimientos transparentes y equitativos” y que esas instituciones “han cumplido su papel”.