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México, DF.- El ex regente de la ciudad de México, Manuel Camacho Solís, dijo estar dispuesto a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que sea requerido para ofrecer información sobre el caso paraje de San Juan. Entrevistado en el foro “Para México: una Izquierda Posible”, expresó que acudiría “porque tengo respeto a los ministros y si se trata de defender el interés público lo haría con satisfacción”.
Afirmó que no es conveniente vincular este problema con las aspiraciones del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, de 2006, porque señaló que no es un asunto de popularidad.
“La gente está de acuerdo con el gobernante (de no pagar) en esta y otras decisiones, por lo que debe plantearse como un asunto que tiene que ver con la justicia y las leyes, y algo que importa a los ciudadanos”, señaló el actual diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dijo que con base en el desarrollo de las investigaciones se pregunta que si los Arcipreste fueron propietarios del predio en 1945, por qué no hicieron nada hasta 1989. Planteó que “si tengo un predio que vale mil 800 millones de pesos, y no hago nada cuando es ocupado por tres mil familias, eso quiere decir que el predio no era mío, o yo ya lo había vendido”.
Camacho Solís precisó que durante su gestión al frente del entonces Departamento del Distrito Federal, se ordenó la expropiación en 1989, y se dieron cuenta que había muchos contratos privados, por eso se tuvo que tomar la decisión, ya que no se pudo regularizar.
El ex regente capitalino abundó que las ventas de los terrenos no se habían anotado en el Registro Público de la Propiedad.
Entonces si los señores fueron dueños y durante casi 45 años desatendieron por completo eso, quiere decir que no eran dueños de lo que habían vendido, insistió.
Consideró también que la demanda de los propietarios se debió presentar una vez que se hace la expropiación y no hasta nueve años después y “eso me parece que es contundente”.
De igual forma, apuntó, son irrefutables todos los datos que ha presentado el jefe de gobierno, como la inexistencia de los personajes, falsificación de documentos, por lo que es ilógico que alguien no haga nada cuando se invaden sus terrenos y van a dejar pasar 45 años.
En cuanto a la resolución de la corte para atraer el caso, consideró que es una forma inteligente, apegada a derecho, pues podía haber formado una comisión, pero había un debate si el jefe de gobierno tenía facultades y si éstas se establecen para ese tipo de casos o nada más para proteger los derechos humanos.
“Me parece que la corte dijo que el jefe de gobierno tiene las mismas atribuciones que los gobernadores, y no se desecha la comisión porque no tenga la jerarquía de un gobernador, y esto tendrá consecuencia para otros muchos asuntos”.