Aún faltan muchas piezas por embonar en el rompecabezas de lo sucedido aquél miércoles en Tlatelolco
Torreón, Coah.- Nadie olvida lo ocurrido el dos de octubre. Nadie olvida los 15,000 proyectiles –cifras oficiales– descargados en una sola tarde contra una masa de estudiantes. Nadie olvida los trescientos vehículos –tanques, jeeps, autos- que intervinieron aquel miércoles negro, sin incluir cuarenta y dos ambulancias de la Cruz Roja y la Cruz Verde que no se daban abasto para trasladar centenares de heridos.
Acaso, quienes lo saben, tampoco olvidan que en esa jornada de caos, el ejército también sufrió bajas: tres soldados murieron y siete fueron heridos, probablemente por “fuego amigo”. Y es que esa tarde hubo tantos agentes en la Plaza, que para identificarse debían usar un guante blanco en la mano izquierda.
A pesar de esa abundancia de datos, las preguntas fundamentales que marcan ese octubre aciago siguen abiertas: ¿Quién dio las órdenes? ¿Cuántas víctimas hubo?
Con la voz enérgica y fluida de quien no duda de sus convicciones, don Jorge Covarrubias, ex alumno de la UNAM y ahora licenciado en Economía, recuerda lo que era en esos tiempos ser universitario: “era hasta cierto punto peligroso. Únicamente se tenía la plena libertad cuando se actuaba en grupo. Decir que uno era estudiante en esos tiempos del sesenta y ocho era ser mal visto por las autoridades, como si fuera uno un delincuente, como si se tuvieran pendientes con la ley. Podríamos decir que todavía no se lograba un clima de libertad”.
Después el entusiasmo parece empujarlo. Mientras habla, se inclina ligeramente hacia delante, hasta quedar al borde del sillón: “guardo muy hermosos recuerdos de aquella época como universitario, porque junto a otras instituciones de educación superior logramos formar una sola conciencia crítica nacional que fue prácticamente el origen que logró cambiar las cosas”.
Muchas respuestas flotan en las conversaciones de quienes habitaron aquella época: las historias pasan de mano en mano, brotan, se mezclan como episodios turbulentos de quienes ya entonces protagonizaban la vida nacional. Pero alguien debe armar el rompecabezas.
No hay resultados
Eslabonar la historia es la tarea fundamental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El organismo nació el 27 de noviembre de 2001, casi un año después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia, como un reconocimiento oficial a lo que había sido soslayado durante décadas.
Ignacio Carrillo, un jurista de perfil recio, fue nombrado fiscal especial al frente de esta oficina que agrupa a 15 agentes del Ministerio Público. Su tarea es escudriñar conciencias, zambullirse en archivos, sondear memorias y relacionar pistas que permitan reconstruir capítulos espinosos del pasado mexicano.
Al crear la dependencia, el Presidente declaró que “el fiscal especial contaría con los recursos humanos, financieros y materiales que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones”. Sin embargo, en junio de 2002 –siete meses después–, los especialistas en manejo de archivos habían renunciado por falta de pago.
A casi dos años de haber sido creada, la fiscalía ha dado pocos resultados. Es cierto que citó a declarar al ex presidente Luis Echeverría -entonces secretario de Gobernación-, pero éste guardó un silencio de piedra cobijado en su derecho constitucional a no incriminarse. Lo mismo sucedió con Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, quienes fueran jefes de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Se llamó también a declarar al ex regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, quien negó cualquier implicación en la masacre de los estudiantes.
Don Jorge Covarrubias opina acerca del papel de la fiscalía: “definitivamente las heridas no han cerrado porque sigue la impunidad. Se le da vueltas al asunto. Se ha avanzado, indiscutiblemente. Hay reconocimiento por parte del gobierno, hay remebranzas de aquellos terribles sucesos, pero se llega al fondo, no se llega realmente a la conclusión final. No hay un correctivo a treinta y cinco años sigue sin solución este golpe a la sociedad de México. Pero todo eso no fue en vano”.
Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especial, Ignacio Carrillo, ha asegurado a los medios informativos que se han revisado 428, 230 fojas, seis mil cuatrocientas fotografías, se han realizado 176 reuniones con organizaciones no gubernamentales y se ha atendido a dos mil cuatrocientas noventa y dos personas en busca de fragmentos de lo que pasó entonces.
Para trabajar, la Femospp se divide en tres secciones: la primera se enfoca a los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante el período conocido como la “guerra sucia”. La segunda sección examina los sucesos en las manifestaciones estudiantiles de 1968 y 1971. La tercera cubre otros abusos no cubiertos por las dos anteriores.
El pasado 27 de septiembre, Carrillo Prieto reveló que el grupo de francotiradores conocido como “Los Halcones”, responsable de la represión contra estudiantes del diez de junio de 1971, también estuvo presente el dos de octubre.
Según la página electrónica de la organización Human Rights Watch (HRW) México “aunque la fiscalía ha obtenido algunos documentos valiosos del archivo nacional, ha seguido muy pocas pistas y no ha reunido prácticamente ningún testimonio de terceros. Tampoco ha realizado todavía exhumaciones de los presuntos cementerios clandestinos”.
Además del personal de la Fiscalía, hay otros que no olvidan: se trata de un Comité de Apoyo integrado por ciudadanos -avalados por sus conocimientos y su reputación- que asisten a los encargados de las investigaciones.
En mayo pasado el presidente Fox nombró a nuevos miembros de esta comisión, que según HRW “pasa desapercibida”, y advierte que como no se empiecen a dar resultados en los diferentes hechos que investiga la Femospp, se corre el riesgo de perder la confianza de las víctimas o sus familiares.
La ley sí olvida
Habrá que superar otros obstáculos antes de conocer las respuestas. Algunos entendidos en leyes afirman que los delitos cometidos en 1968 y 1971 ya prescribieron. Otros argumentan que al tratarse de casos en los que el Estado acosó a un grupo de la sociedad, no pierden vigencia.
La Femospp pidió en abril pasado que se dictaran órdenes de detención contra tres ex directores de la DFS y la policía federal acusados de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en 1975.
El intento de arresto tropezó con el rechazo de un juez que consideró que el presunto delito había prescrito. La Fiscalía Especial apeló el fallo.
Con todo, algunos conservan intacta la esperanza. Don Jorge proyecta el pasado hacia el futuro: “esa época fue el semillero para que ahora gocemos de esta libertad, de esta apertura. Muy conveniente para todos es que dejemos de ver este poderoso movimiento sólo como la gran represión estudiantil que terminó en ese trágico final que conocemos. De ese suceso se desprenden muchas enseñanzas y experiencias que fueron la semilla de los logros democráticos que hoy gozamos sin temores”.
Recordar a los caídos
Hoy se cumplen 35 años de la Matanza de Tlatelolco, en la que cientos de estudiantes de varias instituciones que participaban en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas fueron masacrados por fuerzas armadas.
Por ello, miles de personas, principalmente estudiantes, marcharán por las calles de la capital mexicana para recordar a los alrededor de 350 “caídos”, según cifras oficiales y extraoficiales, y para pedir que los culpables de la matanza sean castigados.
La tarde del dos de octubre de 1968, después de que desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas arrojara una luz de bengala, empezaron los disparos en contra de los miles de estudiantes que se habían congregado en ese lugar.
Según la Comisión de la Verdad, ese día fueron disparados 15 mil proyectiles y participaron ocho mil militares de varios cuerpos destacados en la acción.
Además, hubo “no menos de 700 heridos, un número de muertos que oscila entre 150 y 350” y cinco mil estudiantes detenidos, pero a pesar de ello “los responsables de aquella matanza, programada al detalle con días de antelación, nunca han sido juzgados”, según el reporte de la citada comisión.
Incluso, durante años, bajo los regímenes de extracción priista, esos hechos nunca fueron investigados y la versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento entre estudiantes.
Apenas en 1993 hubo intentos para obligar al Gobierno Federal a abrir sus archivos sobre el tema con la creación de la mencionada Comisión de la Verdad, sin llegar a resultados concretos.
Tuvo que llegar un presidente de otro partido, el panista Vicente Fox Quesada, para que de manera oficial y formal se diera inicio a una investigación no sólo sobre el dos de octubre de 1968, sino sobre la represión en la década del setenta.
Promete Gobierno que “no olvidará”
SUN-AEE
MÉXICO, DF.- Para el gobierno del presidente Vicente Fox, “el dos de octubre no se va a olvidar”, comprometió el secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Ayer, en la víspera del 35 aniversario de la matanza de Tlatelolco, para la que no hay esclarecimiento legal ni verdad histórica, el funcionario estableció: “que se castigue a los culpables”.
El funcionario sostuvo que en el momento actual el gobierno actúa con “sentido de transparencia, respecto de lo que aconteció en el pasado”.
Expuso que el Gobierno Federal va a persistir en que se aclaren los hechos ocurridos en 1968 y que se deslinden responsabilidades y se apliquen los castigos correspondientes.
De los compromisos adquiridos por el gobierno del presidente Vicente Fox sobre el dos de octubre, Creel dijo: “hemos abierto los archivos de las policías políticas del país a todos los ciudadanos”.
Recordó que el Ejecutivo instauró una fiscalía especial y que se ha integrado una averiguación previa completa, la cual ha sido consignada ante un juez y que el asunto está en la Suprema Corte.