En días pasados hemos podido ser testigo de esa política de las dos medidas que manejan los órganos dedicados a la procuración de la justicia en México y que explica el porqué del imperio de la impunidad y el establecimiento de un gravísimo cuadro de injusticia general que afecta especialmente y de manera directa a quienes tienen menos recursos económicos o de influencia política en las altas esferas, pero en general a toda la sociedad mexicana, puesto que hasta en tanto no exista en México un auténtico Estado de Derecho real, no alcanzaremos los niveles de bien común, de seguridad y de paz social que necesitamos para progresar como nación.
Una de las dos medidas: la rigurosamente justiciera; demostró eficiencia para actuar por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR, a petición expresa del ex procurador Carpizo, para ordenarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rastrear todas las cuentas bancarias del Arzobispo de Guadalajara, sus familiares cercanos, incluyendo a su señora madre fallecida hace más de dos años, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, abogado del cardenal, el dueño del hipódromo de Ciudad Juárez, José María Guardia López así como el actual diputado federal panista, Fernando Guzmán Pérez-Peláez y hasta el antecesor del asesinado cardenal Posadas Ocampo: su Eminencia José Salazar López a pesar de que su muerte acaeció en 1991.
La otra medida contrastante: la solapadora de la impunidad; la fomentadora de fueros reales para intocables personajes nefandos de la vida política, empresarial y sindical que durante los pasados años lucraron a costa de las posiciones de privilegio, se ha constatado en la burda manera de echar para atrás la determinación de la presidencia de la Cámara de Diputados federal para erigirse en Jurado de Procedencia en contra del senador Ricardo Aldana por su presunta participación en el desvío de multimillonaria suma del sindicato petrolero del que él era tesorero, en favor de la candidatura del PRI en pos de la Presidencia de la República en el 2002.
Siete votos de diferencia: (245 de los diputados del PRI, Verde Ecologista y Convergencia fueron mas que los 238 del PAN y PRD) le otorgaron un respiro al senador priista al mantener su fuero constitucional y evitar ser investigado respecto de los ilícitos que se presumen.
Todo ello en medio de una descarada disputa interpartidista que dejó a un lado la discusión de fondo respecto de los cambios estructurales que demanda con urgencia el país, a fin de no seguir difiriendo la transformación de unas estructuras de las que depende en gran medida el desarrollo sostenido de toda la población, para caer en una dialéctica de beneficio personalista para el senador petrolero elegido por la vía plurinominal.
Independientemente del trasfondo político que pueda haber detrás de la celeridad con que se accedió a la denuncia de Carpizo y los “señorones” que pudieran estar tras de él para crear otra cortina de humo al caso Posadas, esta doble medida viene a demostrar que al poderoso todo se le perdona mientras que la “justicia” acaba siendo ciega pero también dura, con todos los demás sin que con ello se consiga desentrañar la verdad en relación con los grandes ilícitos que se han perpetrado en nuestro país.