En relación a la confrontación que sostiene el Gobierno Federal, por la aplicación de la norma constitucional, con algunos ministros de la iglesia católica, a raíz de la denuncia presentada formalmente por el partido México Posible y apoyada por las dirigencias de otros partidos políticos nacionales, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo recientemente que los sacerdotes de la iglesia católica son “objeto de una discriminación”.
El obispo sustenta su afirmación en el hecho de que la aplicación de la fracción e), del artículo 130 constitucional es violatorio de los derechos humanos y coarta la libertad de expresión de los prelados que consideran que en uso de esta libertad pueden hacer pronunciamientos, como ya sucedió, que si bien entrañan una orientación electoral a los feligreses, en la medida que les indica por quién no votar en las próximas elecciones federales, los mismos están amparados en esa libertad fundamental.
Si se analiza la disposición constitucional en abstracto, a la luz de los derechos humanos, se puede concluir que el obispo Vera tiene razón. Pero, si por el contrario, se analiza en conjunto con el artículo primero constitucional que dice que todo individuo gozará de las garantías individuales que otorga esa Constitución, con las restricciones que en la misma se establecen, se llega a la conclusión de que la citada libertad de manifestar las ideas les está restringida en materia política a ciertas personas, entre las que se encuentran los sacerdotes y los extranjeros.
Es válido pedir como lo hace monseñor Vera la revisión y en su caso la modificación del texto constitucional, así como recurrir al juicio de amparo para buscar que el Poder Judicial Federal declare la inconstitucionalidad del precepto citado por ser violatorio de los derechos humanos. Pero entre tanto que se realiza la modificación legal para que se derogue la prohibición constitucional o se produce una determinación jurisdiccional, los ministros católicos tendrán que admitir que aunque la ley sea dura, es la ley (Dura Lex, Sed Lex) y aún así, se debe cumplir.