El revuelo sobre la crisis del campo y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es sólo una excusa más que las fuerzas políticas del país explotan en su beneficio. Las marchas de protesta demandan la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN con base en generalizaciones falsas sobre la problemática del campo mexicano, culpando a factores externos de lo que, en realidad, tiene su origen en políticas colectivistas aplicadas por más de medio siglo para mantener el control del país, en vez de estar orientadas a mejorar el nivel de vida de los agricultores.
La confusión, la ignorancia y la desinformación son los principales aliados de las organizaciones que realizarán una movilización nacional este viernes 31 de enero. Ellos esperan que si este gobierno no fue capaz de aplicar el Estado de Derecho en lo poco (Atenco), menos lo será en lo mucho (campo y TLCAN). El objetivo es enturbiar el ambiente político y ?calar?, otra vez, a la administración del presidente Fox que, hasta ahora, se ha doblegado fácilmente ante las demostraciones que trastornan la ley y el orden.
La reducción de aranceles sobre la que se hace tanto ruido, fue de 2 a 0 por ciento para más del 90% de los productos agropecuarios. Algunos de los considerados ?sensibles?, como la avicultura y la porcicultura, evitarán reducciones más significativas, previstas desde hace una década, mediante la aplicación de salvaguardas; mientras que la protección a granos como el maíz y frijol, que involucran a más de la mitad de la población económicamente activa del campo, no se modificará sino hasta 2008.
Desde que inició el TLCAN hemos visto el éxito en mercados internacionales, particularmente el estadounidense, de las frutas y hortalizas mexicanas. Al mismo tiempo, hemos constatado que existen en el exterior alternativas más económicas y de igual o mejor calidad que nuestros granos y oleaginosas. No hay subsidios que cambien este resultado, y menos cuando nuestro país carece de las condiciones climatológicas y geográficas para ello.
La virtud principal del comercio libre es que nos permite especializarnos en lo que hacemos comparativamente mejor, y adquirir del exterior aquello para lo que somos menos aptos. El problema central de nuestro campo no es la apertura comercial como aducen quienes lo han manipulado durante décadas por motivos políticos, sino la pésima estrategia económica que tiene a mucha gente viviendo todavía en él y produciendo muy poco.
El sector agrícola contribuye con alrededor del 3.5 por ciento del PIB, pero su aportación neta es mucho menor. Más de 20 millones de mexicanos que habitan en el campo apenas si contribuyen con 1.5 a dos por ciento del PIB, una vez que deducimos los subsidios que reciben de los contribuyentes, los precios preferentes de sus insumos (semillas, diesel, agua y electricidad), los créditos a tasas por abajo del mercado y la condonación de deudas, así como los ingresos de nosotros los consumidores cuando pagamos por algunos de sus productos precios mayores a su cotización internacional. Sin estos subsidios y transferencias muchos agricultores tendrían que vender su tierra y mudarse a las ciudades para buscar un empleo verdaderamente productivo.
Como contribuyentes y consumidores pagamos un precio muy alto por mantener iconos culturales del siglo 19 que son instrumentos políticos de los grupos de poder tradicionales. Cuando se dan subsidios a agricultores porque de otra manera no pueden conservar su actividad, estamos forzando a la economía a usar más recursos de los que la sociedad desea en la producción de bienes agropecuarios, a costa de descuidar otras tareas más apremiantes.
Si realmente quisiéramos que todos nuestros alimentos fueran nacionales, los precios que estaríamos dispuestos a pagar los consumidores serían lo suficientemente altos para mantener trabajando a todos nuestros agricultores. Ese no es el caso. Los habitantes de las ciudades se quejan continuamente por el alto costo de los alimentos, sin percatarse que ello se debe, en parte, a la protección que se brinda a los productos agropecuarios.
Además, los subsidios y el paternalismo dan origen a un círculo vicioso. Entre más subsidiemos a los agricultores, más tardaran en capacitarse, en educarse y en desplazarse del medio rural, mayores serán sus necesidades y por ende, sus demandas por más subsidios. Este círculo vicioso sólo puede romperse si orientamos esfuerzos y recursos a programas de educación y entrenamiento que faciliten la absorción en las ciudades de tantas personas que sobran en el campo.
La solución económica, sin embargo, tiene que considerar las realidades políticas. Los subsidios agrícolas existen por motivos políticos. Las naciones ricas pueden darse el lujo de desperdiciar recursos que destinan a un número reducido de personas en el campo. En México los subsidios también han existido por más de cincuenta años por razones políticas, y seguirán existiendo en el futuro previsible. Pero a diferencia de los países ricos, aquí no tenemos recursos para desperdiciarlos y menos si es tanta gente la que injustificadamente los demanda. Es muy difícil convencer a los agricultores que negarles subsidios será bueno para ellos en el largo plazo. En el corto plazo necesitan subsistir, por lo que debemos encontrar mecanismos que, por un lado, reduzcan el costo del desplazamiento de muchos de ellos hacia actividades productivas y, por el otro, hagan un mejor uso de los subsidios para quienes permanezcan en el campo. Eso se puede lograr sin caer en el error de cerrar otra vez nuestras fronteras y pasarle la factura a contribuyentes y consumidores.
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