Reuters
CARACAS, Venezuela.- Soldados de la Guardia Nacional y funcionarios de protección al consumidor tomaron ayer una planta de la firma estadounidense Panamco, que embotella Coca-Cola en Venezuela, a la que acusaron de acaparar alimentos en medio de un “paro cívico” de 47 días contra el gobierno.
Soldados con fusiles de asalto, subametralladoras y escopetas entraron a la planta embotelladora en la central ciudad de Valencia -unos 150 kilómetros al oeste de Caracas- para incautar la producción almacenada de bebidas.
Es la primera toma de una compañía privada de alimentos desde que se inició el dos de diciembre un paro convocado por empresarios, sindicalistas y grupos políticos que buscan presionar al presidente Hugo Chávez para que dimita y convoque a elecciones anticipadas.
El general Luis Acosta, jefe del comando regional dos de la Guardia Nacional en el industrial estado Carabobo, cuya capital es Valencia, aseguró a periodistas que cumplía órdenes de Chávez, quien ha prometido derrotar el paro promovido por empresarios, sindicalistas y grupos políticos.
“Yo aquí estoy cumpliendo órdenes del ciudadano presidente de la República”, afirmó a periodistas el alto oficial, un cercano aliado del mandatario. “Esto va pa’ fuera, pa’l pueblo”, añadió refiriéndose a las cajas de Coca-Cola, agua embotellada, malta y jugos.
Chávez, quien sostiene que sus adversarios buscan sacarlo del poder por la fuerza y ha prometido derrotar el paro que califica de “terrorista” y “golpista”, autorizó recientemente a los comandantes militares del país a ocupar las empresas que acaparen alimentos y productos del primera necesidad, que escasean en la nación petrolera desde el inicio de la protesta.
Ayer, en su mensaje de año nuevo a la Asamblea Nacional, el mandatario dijo que “en Venezuela no hay ‘paro cívico’, aquí en Venezuela lo que hay es un Estado legítimo (...) junto a un pueblo, enfrentando estas corrientes fascistas, terroristas y golpistas”.
Sus opositores dicen que Chávez, un militar retirado que comandó un fallido golpe de Estado en 1992, quiere imponerle al país un gobierno comunista como el de Cuba y lo acusan de arruinar al país con sus políticas populistas, a pesar de haber contado con ingentes ingresos por exportaciones petroleras.
Carlos Fernández, presidente de la principal asociación empresarial del país, Fedecámaras, y uno de los promotores del paro, acusó al gobierno de “violaciones al estado de derecho”.
“Lo que hay es una actividad de represión”, afirmó a periodistas en Caracas el dirigente empresarial.
El paro ha generado fuertes temores de que la economía del país, ya golpeada por la tensión política durante los casi cuatro años de gobierno de Chávez, se precipite en una drástica recesión. En lo que va del año la moneda local, el bolívar, se ha depreciado 20.2 por ciento ante el dólar.
Cola estudia la situación
Rómulo Salazar, jefe de ventas de Panamco en el estado Carabobo, protestó por la toma de la planta y dijo a la emisora Unión Radio que “parece que fueran a tomar unas instalaciones militares de la guerrilla, porque andan armados con (fusiles de asalto) FAL (...) ametralladoras UZI, escopetas”.
El portavoz de Coca-Cola Latinoamérica, Rodrigo Calderón, dijo en entrevista telefónica desde México que estaban estudiando la situación, pero que “no hay ningún acuerdo específico para que ellos (la GN) se llevaran los productos y los camiones”.
No especificó si tomarían acciones legales contra el gobierno por la toma de la planta, la más grande de Coca Cola en Venezuela y que abastece cerca del 30 por ciento del mercado del país.
La producción que estaba en la planta, que se encontraba paralizada desde el primero de diciembre ante lo que Calderón llamó preocupaciones por la seguridad de sus empleados y dificultad para obtener insumos, era “un remanente” que sólo alcanzaría para un día de distribución normal.
El portavoz negó además que Coca-Cola tenga alguna posición en el radicalizado conflicto político de la nación, donde se ha incrementado la violencia callejera entre partidarios y opositores de Chávez que casi a diario salen a las calles a manifestar sus posiciones políticas.
En la junta directiva de Panamco figura como director el magnate de medios de comunicación venezolano Gustavo Cisneros —socio en Latinoamérica de las gigantes DirecTV y America Online—, un acérrimo opositor de Chávez y a quien el mandatario acusa de conspirar para derrocarlo.
Chávez, quien sobrevivió hace nueve meses a un breve golpe de Estado, acusa a los principales medios de comunicación de Venezuela de mantener una campaña contra su “revolución” a favor de los pobres.
La preocupación internacional por la situación venezolana llevó a la creación, esta semana, de un “grupo de países amigos”, conformado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal, que apoyará la gestión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) César Gaviria, quien desde noviembre intenta acercar a ambos bandos.