El próximo 24 de marzo, a las 10:15 horas, se celebrará la audiencia incidental en el juicio de garantías que promovió el magistrado electoral José Gerardo Favela Vargas, para que sea el Poder Judicial federal la instancia que determine si es o no constitucional el acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder, mediante el cual convocó al cambio de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral.
Asimismo, el 7 de abril, a las 10:20 horas, se fijó la celebración audiencia constitucional para resolver el fondo de este amparo que a título personal interpuso el 6 de marzo pasado, y que se ventila en el Juzgado I de Distrito de esta capital.
El propio Magistrado Presidente del TEE dio a conocer que no se le concedió la suspensión provisional del acto reclamado, lo cual señala que así se lo esperaba, debido a que la convocatoria que emitió el Tribunal Superior de Justicia ya estaba publicada.
Indicó que precisamente la audiencia incidental resolverá si se le otorga o no la suspensión definitiva, pero reiteró que su principal interés es dar claridad a la integración del Tribunal Estatal Electoral, porque hay dos criterios: uno, el que él sostiene de que el período de los magistrados electorales termina en diciembre del 2004, y el criterio del Tribunal Superior de Justicia de que es en mayo del 2003.
Favela Vargas reiteró que su interés es netamente jurídico, no político ni personal, y afirmó que sea cual fuere la resolución dará certeza de que se actuó con legalidad y se respetó la Constitución.
Fue el 6 de marzo del año en curso cuando el Magistrado electoral recurrió a la Justicia federal en un juicio de garantías para que se determinará si es o no constitucional el acuerdo mediante el cual se emite una convocatoria, en el que se establece que el período para los magistrados del TEE termina en mayo próximo.
Subrayó que el hecho de que sea el Poder Judicial federal el que determine si es o no constitucional el acto reclamado, permitirá que ambos salgan ganando, “yo como magistrado electoral, porque me permitirá tener la certeza de que el acto fue legal, y que se cumplió con la legalidad del procedimiento, al igual que al Tribunal Superior de Justicia.
“La solución que se dicte finalmente, sea en uno u otro sentido, es una garantía de que todo se apegó a la legalidad y se respeto la Constitución, y sobre todo que prevaleció el régimen de Derecho y el orden constitucional, lo cual es un valor primordial y fundamental para todos”.
Finalmente, señala que su conciencia está tranquila y, sobre todo, que la resolución que se dicte que serán apegada a Derecho, y permitirá establecer si se cumplió con las formalidades y los fundamentos constitucionales.