Primera de dos partes
El Tema.- México, ha señalado el historiador Enrique Florescano, es “un país que por siglos ha sido señoreado por los problemas de la Tierra” (Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810, Ed. revisada, Era, 1986, p.9). Sin embargo, a partir de que nuestro país se convirtió en una sociedad teóricamente urbana -alrededor de 1960—, y de que supuestamente también superó el problema de la tenencia de la tierra mediante su justo reparto, su corazón económico latió ya al ritmo de los servicios y de la industria.
Se dio por hecho que la importancia social, política y cultural del México rural era tan baja como la participación que la agricultura tiene hoy en la composición del Producto Interno Bruto (PIB): 4.4%. Sin embargo, la humanidad de lo que queda de ese México rural -agrícola, ganadero, silvícola y pesquero— y gran perdedor en los procesos de modernización, equivale a más de una quinta parte de la población trabajadora y a una cuarta parte de la población total del país. Por todo ello puede llegar a tener un peso político, social y cultural mayor al que sugiere su contribución al PIB, y hoy pareciera estar en la disposición de hacerlo valer. De lograrlo, daría una batalla política inédita.
Fue “apenas ayer” que el grueso de los pobladores de nuestro país empezó a vivir alejado física y culturalmente de la vida rural, y en consecuencia los temas y problemas rurales casi desaparecieron del horizonte del México mayoritario. Pero el campo, como las comunidades indígenas, aunque marginado y moribundo, no ha desaparecido; para empezar, tiene el peso que le da su demografía.
Todo indica que, justamente para que no lo olvidemos, y aprovechando que ya se aflojaron las ataduras políticas con que el antiguo régimen lo mantuvo quieto por más de medio siglo, el campo ha decidido venir a la ciudad pero no en forma de migrantes expulsados y derrotados, sino como fuerza política organizada, como reclamo social y moral, para que el México oficial lo mismo que el urbano y mayoritario, se vean forzados a confrontar esa parte de nuestra realidad que desde hace mucho colocó al campesino al final de la agenda de los problemas nacionales.
El Origen.- La civilización mexicana está profundamente anclada en el mundo rural. Por milenios, lo que hoy es México fue una sociedad donde sus urbes -prehispánicas, coloniales y poscoloniales- latieron al ritmo que les imprimió la vida rural y sus muchos problemas. De esa vida agrícola provienen las primeras visiones del mundo o cosmogonías mesoamericanas. En el árbol cósmico de los olmecas, está esculpido el soberano pero, por encima de él, se encuentra una planta de maíz.
El maíz es el principio, la base, de las grandes civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en nuestro territorio. Al maíz lo “inventó” el hombre americano -por si sola, sin la selección hecha por el campesinado original, esa gramínea no hubiera evolucionado, y ya desarrollada, sólo puede sobrevivir con su cuidado- pero el maíz “hizo” a la civilización mesoamericana.
Fue ese grano el que proveyó la energía para crear sociedades complejas y permitió sostener tanto a sus cultivadores directos como a guerreros, sacerdotes, administradores, comerciantes, artistas y constructores de grandes complejos religiosos. Durante la época colonial, el trigo europeo convivió pero no sustituyó al maíz, que se mantuvo como sustento de la alimentación popular y del trabajo animal que se necesitó para hacer funcionar a una agricultura más compleja, a las minas, el transporte, los trapiches, etcétera.
Y todavía hoy, el cultivo principal de los productores rurales mexicanos es el maíz. De la producción, abasto y precios del la gramínea esencial, dependió en buena medida la paz social del período colonial mexicano. Además de hambrunas, epidemias y crimen, las crisis agrícolas a veces desembocaron en choques violentos entre los hambrientos y sin trabajo -a quienes se calificaba de limosneros, vagos, léperos, mal vivientes o mal entretenidos— por un lado y los hacendados, comerciantes, acaparadores y las autoridades, por el otro.
De ahí que en el siglo XVIII, y mucho antes que Keynes propusiera al gasto público como instrumento de la política anticíclica, los virreyes de la Nueva España usaron a la obra pública para crear empleos y absorber a los expulsados de zonas rurales. Los fondos para esos trabajos provinieron tanto del erario como de préstamos y donaciones de las clases acomodadas.
La decisión de crear empleo para los campesinos no tenía base en ninguna teoría económica sino en el simple sentido común: si el gobierno colonial no hacía nada, los que nada tenían podían hacer algo: afectar la paz y el orden mendigando, robando, asaltando e incluso amotinándose, (Florescano, op. cit., pp. 81-85). Así pues, nada de “dejar hacer” al mercado agrícola y “dejar pasar”, como sucede en la actualidad, sino actuar con sentido político y de urgencia.
El agro colonial a veces se tornó un campo de guerra, pero nunca experimentó una movilización general. Cuando finalmente en 1810 la Nueva España fue teatro de una gran rebelión, ésta no fue producto directo del malestar agrario sino de una ruptura en la élite. Sin embargo, una vez perdido el orden, fue el mundo rural el que nutrió las filas insurgentes... y las de los bandidos.
El México Independiente.- Los grandes latifundios mexicanos se empezaron a formar en la época colonial (véase a Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del agrarismo en México, Era, 2002; Francois Chevalier, La formación de los latifundios en México, FCE, 1976). Sin embargo, la Corona española se esforzó en proteger las tierras de las comunidades indígenas, pues de su integridad dependía la viabilidad de la colonia.
Pero los intereses de individuales de los propietarios europeos o criollos fueron imponiéndose, y por compra o despojo, se quedaron con tierras de las comunidades para formar esos primeros latifundios. Sin embargo, fue en el México independiente cuando la lucha por la propiedad de las aguas y las tierras estalló en un conflicto abierto, con frecuencia violento.
En la primera mitad del siglo XIX el Estado nacional sólo existió como idea o proyecto, y en medio del desorden y anarquía imperantes, algunas comunidades pudieron defender bien sus tierras, aunque con frecuencia los “pueblos cabecera” despojaron a los pueblos que tenían sujetos. Pero a partir del triunfo de los liberales sobre los conservadores -la llamada “República Restaurada”— y usando las leyes de desamortización y de baldíos, se llevó a cabo un proceso de apropiación en gran escala de las tierras de la Iglesia y de las comunales a favor de los rancheros y, sobre todo, de los hacendados y compañías deslindadoras.
El siglo XIX fue el siglo de las rebeliones campesinas, (véase a Soto y Gama, op.cit. y a Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México, Siglo XXI, 1984). Finalmente, la Revolución Mexicana no se puede entender sin el elemento de reclamo popular por el ataque de la modernización económica liberal al elemento central de una forma de vida mayoritaria: a la propiedad colectiva sobre aguas y tierras.
El caso más claro fue el del zapatismo, pero todo el proceso revolucionario tuvo un fuerte contenido de lucha agraria y el resultado fue el artículo 27 de la nueva constitución de 1917: restitución de las tierras tomadas a las comunidades y entrega de otras a los campesinos por el sólo hecho de serlo. El derecho de propiedad sobre la tierra quedó subordinado a su utilidad social, y fue por ello que el latifundio fue declarado ilegítimo.
Desde la proclamación del Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 hasta el sexenio cardenista (1934-1940), el mundo rural mexicano fue un auténtico campo de batalla entre agraristas y propietarios. Ahí se jugó el destino político, social y económico del México del siglo XX.
De la Posrevolución al Neoliberalismo.- La reforma agraria fue el precio que Revolución hizo pagar a los latifundistas derrotados para encuadrar a los campesinos al gran partido de Estado en 1938, al PRM, que más tarde se transformaría en PRI. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se repartieron a los campesinos 20 millones de has. de buena calidad y todavía durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se repartieron otros 23 millones más, aunque de calidad muy diferente. Continuará...
En cualquier caso, para cuando el neoliberalismo llegó y puso punto final a la reforma agraria, se suponía que ya se había dotado a 3.6 millones de campesinos con más de 100 millones de has., pero la fuerza de trabajo en el México rural es hoy de más de nueve millones. De todas formas, hace tiempo que el problema central del campo ya no es tanto la propiedad de la tierra sino la carencia de todo lo demás: precios, créditos, infraestructura y tecnología apropiada para un país con poca agua y pocas tierras planas y fértiles, pues sólo 23 millones de has. —el 11.7% de la superficie del país— son aptas para la agricultura. En un 70% los cultivos principales de México, maíz y frijol, se desarrollan en terrenos sin riego. Y a lo anterior se agrega hoy la competencia con una agricultura externa que tiene mejores tierras, créditos, tecnología...y subsidios, muchos subsidios. La Situación Hoy, Hoy, Hoy.- A lo largo de todo el período conocido como del “Desarrollo Estabilizador”, el agro, políticamente controlado por la CNC, no se benefició mucho del entonces llamado “milagro Mexicano”. Tras el desastre económico de 1982, el inicio del proyecto de apertura neoliberal, una situación que ya no era buena se tornó en francamente mala. Se puso fin al reparto agrario, el Estado redujo su apoyo al México rural y abrió el campo a la competencia con la agricultura más fuerte y subsidiada del mundo: la norteamericana. Si el conjunto de la economía está casi estancada, la rural va en picada: el PIB de ese sector en el 2001 resultó 14.3% inferior al de 1982. Al momento de estallarnos en pleno rostro el antiguo modelo económico -1982-las importaciones de alimentos ascendían a 1,790 millones de dólares anuales, pero al concluir el primer año del nuevo siglo -el 2001- fueron de 11, 770 millones. Mientras las importaciones ascienden los precios reales que reciben los productores nacionales descienden. Según José Luis Calva, entre 1982 y 2001, la rentabilidad de la actividad de los productores de maíz cayó en 62.1% y 45.6 % los de frijol. La inversión pública en fomento rural disminuyó en 95.5% en ese período y, como ya se apuntó, el crédito privado al sector, también cayó; de ahí que hoy el 69.3% de la población rural mexicana sea pobre y el 42.4%, miserable (El Universal, 17 de febrero). Respuesta.- En el período del “Desarrollo Estabilizador” el sector industrial y el de servicios fueron los ganadores. En el actual, el de la apertura y la globalización, tiene como ganadores a muy pocos, pero como perdedores mayores, al grueso de los campesinos. Y hoy la demanda es renegociar el TLCAN para no tener que competir con unas agriculturas tan poderosas como la norteamericana y la canadiense. Es verdad que la apertura plena para el maíz y el frijol aún no llega -la fecha fatal es el 2008- pero también lo es que una buena parte del maíz importado ya entra sin aranceles. Para el consumidor mexicano es positivo recibir grano norteamericano barato, pero para el productor nacional es una condena a muerte.
La teoría económica neo liberal aconseja que en estos casos el campesino deje ya su actividad tradicional y se mueva a otro sector productivo. Después de todo los que se emplean en la poderosa agricultura norteamericana son apenas el 2.4% de la fuerza laboral y no sólo alimentan a un país de más de 275 millones de habitantes, sino que exportan enormidades, como bien lo sabemos nosotros. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la realidad. De acuerdo a la teoría, Estados Unidos no debería subsidiar a cada agricultor con un subsidio promedio de 20 mil dólares anuales, pero lo hace, como también lo hace Europa y no se diga Japón. La teoría también supone que el campesino que es forzado a dejar su forma tradicional de vida va a encontrar trabajo mejor remunerado en otra parte, ¿pero como encontrarlo en una economía que desde hace veinte años perdió dinamismo?
Por razones sociales, económicas y culturales, México debe preservar su campo como un área viva, digna y con sentido de futuro. Si abandonamos el campo, abandonamos una parte fundamental de nuestra historia, de nuestra identidad. Es una obligación moral y una acción con sentido práctico -recuérdese la política virreinal-, transferir recursos del sector urbano al rural de manera inteligente y eficaz.