En los últimos años ha venido a menos la celebración del Día del Trabajo y creo que muy pocos obreros sabrán hoy por qué es celebrada esa fecha en forma tan hiperbólica: Un gran desfile obrero en las principales poblaciones del país durante el cual se manifiestan quejas, demandas y reconocimientos. El Día del Trabajo fue conmemorado por primera vez en 1889 atendiendo a una consigna de la Segunda Internacional, organización de extrema izquierda, en memoria de los huelguistas caídos el uno de mayo bajo la artillería de los policías de Chicago, que tenían órdenes para desactivar una huelga contra la empresa Mc Cormick.
En los últimos diez años del siglo XIX los obreristas mexicanos recordaron esta matanza en actos privados, pero fue hasta 1912, cuando Francisco I. Madero ya había vencido a la dictadura porfirista y el clima político permitía la libre expresión de las ideas; que el Partido Socialista Obrero hizo un mitin público en la casa del Obrero Mundial; más tarde, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se consagró ese día de luto como “fiesta de los trabajadores” y se institucionalizaron los desfiles laborales año tras año.
En los últimos años éstos han empezado a declinar, al mismo tiempo que se fortalecen organizaciones no oficialistas de trabajadores, muchas de las cuales ya desde los años sesenta organizaban un desfile paralelo para exhibir e impugnar al sindicalismo alineado.
Los manifestantes opositores exhibían consignas, denuncias y reclamaciones escritas en grandes mantas, dirigidas obviamente contra la clase patronal que por muchos años opuso resistencia al cumplimiento de sus obligaciones legales con los trabajadores fabriles; en dichas mantas los sindicalistas incluían algunas empresas paraestatales, que también se resistían, aunque en menor grado.
Por su parte, las expresiones del Congreso del Trabajo y sus sindicatos alineados se dedicaban hasta apenas hace tres años a elogiar sin medida a los gobernantes en turno; desde el presidente de la República hasta los gobernadores de las entidades federativas y a uno que otro alcalde municipal, pero también exponían reclamos por la carestía de la vida, la escasez de alimentos básicos y los magros incrementos anuales al salario mínimo.
¿Qué reclamaban de los patronos aquellas organizaciones de trabajadores? Justicia social, desde luego, representada en la firma de contratos colectivos, alzas salariales, mejores condiciones físicas de los centros de trabajo, prestaciones sociales para ellos y sus familias, un sistema de ahorro para el retiro con pensiones y jubilaciones dignas y crecientes mejor servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social apenas creado en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, centros vacacionales para las familias de los obreros sindicalizados, justicia laboral pronta y expedita en los casos de conflictos por violaciones al contrato de trabajo, etc., etc.
No faltaban mantas con mensajes airados contra los líderes corruptos que se vendían a los patrones cicateros sacrificando las demandas obreras a cambio de un plato de lentejas; tampoco era extraño leer en aquellas pancartas, duras acusaciones contra la explotación política de las causas sindicales que hacían los líderes para ganar diputaciones, senadurías, diputaciones locales, alcaldías y gubernaturas.
En 1988 cambiaron los tiempos y las modas políticas y económicas, vino la toma del poder por el neoliberalismo tecnocrático encabezado por el presidente Carlos Salinas de Gortari y el pueblo todo, incluidas las clases trabajadoras, empezó a sufrir ante la transformación que planteaba la ausencia de un gobierno paternalista y consentidor y la llegada de otro totalmente diferente; pero, sobre todo, indiferente a las necesidades populares, al cual sólo preocupaba mantener bajos índices de inflación, a cuya finalidad sujetó toda la actividad económica: Así se dijo no a los incrementos salariales porque estimulaban el alza de la inflación, no al control de precios porque contrariaban a las leyes del mercado (la oferta y la demanda); no a los subsidios porque se enloquece el inflacionómetro; no a los créditos para apoyar a los sectores productivos porque hacen nacer una artificial circulación monetaria; no al ahorro privado y a las obras públicas porque igualmente inciden en forma negativa sobre la inflación.
A la contra y hasta la fecha se incrementan mensualmente los precios en los productos y servicios de las empresas propiedad del Estado para luego venderlas mejor a los inversionistas nacionales y extranjeros y 13 años después del salinismo se instala el primer gobierno conservador de México que suponemos tendrá el relativo honor de consumar todos los designios globalizadores del libre comercio; empezando, desde luego, por la reforma de la Ley Federal del Trabajo.
En estas estamos. De las elecciones legislativas federales del 2002, a celebrarse el seis de julio próximo, depende ahora consumar o rechazar la reforma a nuestro Código laboral. Si el PAN logra obtener la mayoría de curules en la Cámara de Diputados, los cambios se harán indudablemente y la estabilidad social del país correrá riesgos; pero si el PRI y el PRD logran aliarse y obtener la dicha mayoría legislativa la cámara de representantes seguirá siendo el dique que resista a la contrarreforma de la normatividad positiva y por ende al retroceso político y social de México.