“Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser lo que no fue, no es la tierra prometida”. Arturo Warman
estoy de acuerdo con los grupos que han venido exigiéndole al Gobierno mexicano acciones enérgicas para resolver los problemas del agro. Los mexicanos no podemos simplemente seguir aceptando la miseria que ha agobiado a nuestras zonas rurales durante tantas décadas. Sólo que para que estas acciones tengan sentido es importante que entendamos realmente las causas de la pobreza del campo. El tema del ejido y de las limitaciones a los derechos de propiedad tiene que ponerse sobre la mesa.
A principios del siglo XX México tenía una excesiva concentración de la tierra. Según el censo agropecuario de 1905, la “propiedad rústica” en México alcanzaba 131 millones de hectáreas. De esa extensión, 8,431 hacendados eran dueños de 114 millones de hectáreas, el 87 por ciento del total, lo cual equivalía a un promedio de 13,500 hectáreas cada uno. Pero como todos los promedios, éste oculta la verdadera magnitud de la concentración, ya que unas cuantas familias detentaban la mayor parte de la mejor tierra del país. Con la reforma agraria el país transitó hasta el otro extremo. Según el censo agropecuario de 1991 la propiedad rústica tenía ese año 175 millones de hectáreas. La “propiedad social” —ejidos y comunidades indígenas— se extendía por 103.3 millones de hectáreas, o sea, 59 por ciento del total. Cada ejidatario o comunero de nuestro país contaba así con un promedio de 29.3 hectáreas. La propiedad privada, en cambio, representaba sólo 71.7 millones de hectáreas o 41 por ciento de la propiedad rústica. Cada propietario privado contaba, pues, con 50.8 hectáreas.
Estos promedios, sin embargo, son tan engañosos como los de 1905. Muchos ranchos ganaderos —privados y ejidales— del norte de México tienen extensiones muy grandes pero de semidesierto. En el centro y sur del país —las zonas más afectadas por la pobreza rural a pesar de la mayor precipitación y fertilidad de la tierra— es muy común que las unidades productivas agrícolas sean de cinco hectáreas o menos.
La propia Constitución impide la creación de unidades productivas de mayor tamaño. La máxima extensión de la propiedad privada de riego es de 100 hectáreas. Pero si bien se permite la propiedad de predios mayores donde no hay irrigación, la verdad es que nuestras granjas no tienen el tamaño para ser realmente productivas y competitivas. Pero no sólo hemos llevado a cabo una dramática y dañina fragmentación de la tierra, sino que hemos eliminado los derechos plenos de propiedad en el 59 por ciento de la propiedad rústica de nuestro país, la que se encuentra bajo el régimen de ejidos y comunidades indígenas. Los ejidatarios y los comuneros no han gozado tradicionalmente del derecho fundamental de la propiedad: el de poder vender su tierra. No han podido tampoco heredarla de la manera en que lo considerasen más adecuado. No se les ha permitido alquilarla ni otorgarla como garantía para créditos.
Estas restricciones, supuestamente establecidas para “proteger” a los campesinos —nuestro Gobierno siempre ha mantenido una actitud paternalista hacia ellos—, ha resultado en su empobrecimiento gradual pero inevitable. La tierra en México no pude fusionarse para volverse más eficiente. Los mejores productores no pueden ampliar sus cultivos comprando las tierras vecinas. La imposibilidad de otorgar créditos privados a los ejidos ha hecho que éstos queden a merced de instituciones corruptas e ineficientes como Banrural.
Es verdad que las enmiendas de 1992 al artículo 27 de la Constitución abrieron por primera vez, desde la creación del ejido, la posibilidad de que los ejidatarios pudiesen vender sus tierras. Pero las restricciones que se impusieron a este proceso fueron tan grandes que apenas un uno por ciento de los ejidos se ha “privatizado”. La mayor parte de estos procesos han sido producto de la urbanización, por lo que la producción agrícola no se ha beneficiado del surgimiento de un mejor sistema de propiedad en el campo. Hoy, después de mucho tiempo, los grupos políticos que durante décadas han medrado políticamente del campo empiezan a preocuparse por la pobreza de nuestras zonas rurales. Qué bueno que lo hacen, aunque su preocupación sea tardía. Pero si de verdad quieren combatir la miseria de las zonas rurales, tendrán que darse cuenta de que una de sus principales causas es el sistema ejidal.
Warman
Una obra indispensable para entender la situación de nuestras zonas rurales es El campo en el siglo XX (México: Fondo de Cultura Económica, 2001) de Arturo Warman. La objetividad de la obra es muy bienvenida en este tema tan fértil para la demagogia política.