Reuters
GUATEMALA, GUATEMALA.-Grupos de derechos humanos condenaron ayer la decisión de una corte de Guatemala de permitir a un ex dictador acusado de ordenar masacres durante la guerra civil, competir por la presidencia del país.
El máximo tribunal del país, la Corte Constitucional, determinó el lunes que el general retirado Efraín Ríos Montt podría participar como candidato del Frente Guatemalteco Republicano en las elecciones de noviembre, pese a que la Constitución prohíbe a los ex dictadores aspirar a la presidencia.
“Amnistía Internacional está muy preocupada de que la protección a los derechos humanos bajo un mandato de Ríos Montt podría deteriorarse aún más”, dijo Roddy Brett, coordinador de la campaña de esa organización en Guatemala.
Los magistrados votaron 4-3 en favor de Ríos Montt, al aceptar su argumento de que el artículo establecido en la Constitución de 1985 no aplicaba en su caso porque fue creado después de su mandato, de 1982 a 1983.
Activistas acusan a Ríos Montt de genocidio y aseguran que ordenó a soldados y paramilitares que masacraran a miles de indígenas Mayas, en zonas en donde se percibía un apoyo a los rebeldes.
Ríos Montt encabezó el segundo de tres gobiernos de facto en las décadas de 1970 y 1980 que declararon una guerra en contra de las guerrillas de izquierda y de sus seguidores, en el marco de un enfrentamiento de 36 años que cobró más de 200.000 vidas antes de concluir en 1996 con la firma de un acuerdo de paz.
Ahora, con el cabello canoso y usando anteojos, Ríos Montt niega haber ordenado la masacre de simpatizantes de la guerrilla, muchos de ellos indígenas mayas, durante su mandato.
Sus seguidores lanzaron fuegos artificiales y festejaron el lunes la decisión de la corte en la sede del partido.
“Guatemala ganó porque tiene derecho a elegir”, dijo Ríos Montt, de 77 años, a la radio local.
Sondeos publicados en diarios pro empresariales colocan al aspirante presidencial Oscar Berger —el candidato de la élite tradicional guatemalteca— muy por encima de otros candidatos para las elecciones del 9 de noviembre.
Estados Unidos ha dicho que podría tener problemas trabajando con Ríos Montt debido a su historial sobre derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que grupos vinculados a las fuerzas militares, molestas por los intentos de encarcelar a los responsables de abusos contra los derechos humanos, han emprendido en los dos últimos años una ola de ataques contra activistas, jueces, abogados y periodistas.
Grupos de derechos humanos temen que si Ríos Montt obtiene la presidencia, no podrán llevarlo a él y a otros ex líderes militares a juicio por las masacres de principios de 1980.