Ni qué decir que el problema de la pobreza, que sin duda alguna es el más grave de este país, es algo mucho más que una piedrita en el zapato para las políticas públicas en particular, y para el gobierno en general.
Esto queda claro luego del anuncio realizado el día de ayer por la Sedesol, que señala que el problema de la pobreza en México, por supuesto en este sexenio (perdón por el toque de ironía) se ha reducido, luego de que según este reporte 3.4 millones de mexicanos han dejado de ser pobres en el sentido de que ya no son considerados como núcleos considerados marginales desde el punto de vista de la alimentación.
El asunto, como siempre, estimado lector, tiene muchas lecturas. La primera desde luego es la evidente intención política del gobierno de trasmitir el mensaje de que este problema, que a la luz de la historia, es el Gran Agravio, ha sido trasmitido eficazmente por la administración foxista, sobre todo luego de que la propia Sedesol hizo público hace menos de un año un reporte donde indicaba que el problema de la pobreza en México había crecido presentando elocuentes números al respecto. Como quien dice, Josefina Vázquez Mota, quiso “taponar” un “errorcillo político”.
Al margen de los dimes y diretes de la política, la pregunta de fondo, por supuesto es la siguiente: ¿será verdad que en efecto este problema ha disminuido?
La discusión por desgracia es de expertos en un terreno donde los debates entre los especialistas en relación a aspectos medulares, como por ejemplo el criterio de la medición de la pobreza, son debates intensos.
A grandes rasgos, desde el punto de vista conceptual, los especialistas tienen dos enfoques para medir este problema. El primero se centra en criterios de naturaleza alimentaria y establece parámetros debajo de los cuales los grupos marginados de la sociedad no alcanzan a satisfacer las necesidades proteicas mínimas.
El otro enfoque va más allá y considera, para medir este problema, no solo criterios alimenticios sino otros relacionados con el concepto general de calidad de vida mínimo, entre otros, condiciones de hábitat dignas, educación, etcétera.
No es extraño, por tanto, que ante enfoques tan diversos los debates sobre qué porcentaje de la población es considerada pobre se ponen de color subido entre los especialistas.
En lo personal yo pienso que este problema en la década de los 90’s, pese a los críticos de oficio de los ámbitos políticos y de ciertos círculos presuntamente vanguardistas de la opinión pública, tuvo cierta disminución.
Esta convicción nace, entre otras cosas, del crecimiento –innegable- que registró la economía mexicana sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio, que detonó un impulso significativo en el empleo y entre otras cosas generó beneficios para la población –que sorprendentemente no son reconocidos en la opinión pública – derivados de que al abrir las fronteras, la población tiene acceso a precios de productos más bajos o que crecen menos por la mayor competencia.
Sin embargo, no se necesita ser un experto para apreciar que esta ruta ascendente en el combate a la pobreza tuvo un severo resbalón en la crisis del 95. ¿Desaparecieron los beneficios previos como consecuencia del error de diciembre de 1994? Yo creo que no.
Sin embargo, esta mejoría en la situación de la pobreza, que por supuesto deberá ser avalada por estudios más serios y exhaustivos, es una aspirina para el tremendo problema que representa la pobreza en nuestro país.
Solamente hay que tomar en cuenta que la CEPAL calcula que la población en México que está bajo la línea de la pobreza alcanza ni más ni menos el 40 por ciento de la población total, lo que significa 40 millones de personas. La marginalidad forma parte del “paisaje” urbano y rural de nuestro país.
No ha nacido el gobierno, con todo respeto para los esfuerzos foxistas, que emprenda las acciones de fondo que involucran formidables consensos y extraordinarios recursos con los que no se cuenta, y por qué no decirlo, una dosis extraordinaria de liderazgo y visión, para combatir este problema de la pobreza.
Por supuesto que esta tarea pendiente involucra riesgos de gravedad para la estabilidad política y social del país.