Apenas el último día del mes de octubre lograron el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional ponerse de acuerdo para la designación del nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral y de inmediato les fue impugnado el acuerdo. Algunos periódicos ensombrecieron la designación como presidente de Luis Carlos Ugalde Ramírez, bajo la acusación de haber colaborado con el PRI en 1986, como secretario de capacitación del Frente Juvenil Revolucionario.
En un país como el nuestro, donde hasta el año 2000 sólo hubieron presidentes de la República del PRI, no era extraño que los jóvenes con inquietudes políticas buscaran participar en el único partido triunfador existente, el cual sostenía, mal que bien, una ideología cortada a la medida de las aspiraciones liberales de muchos sensatos profesionistas recién egresados, quienes evitaban caer en los extremos ideológicos de los partidos de izquierda o de derecha: PRD o PAN. Vale decir que de varias maneras el PRI colmaba las aspiraciones de un buen porcentaje de los mexicanos y éstos se acercaban consecuentemente a sus filas.
No es impugnable que Ugalde haya alineado illo témpore en el Frente Juvenil Revolucionario; lo sería si apenas ayer hubiese desempeñado un cargo relevante dentro del PRI, hecho que no se da, pues resultan muy conocidas y reconocidas sus últimas actividades académicas y de análisis político profesional. Además su designación por el 81 por ciento de los representantes populares procede de una normatividad observada literalmente por la Cámara de Diputados: de acuerdo con esas disposiciones, el partido con mayor presencia legislativa podía presentar a elección cuatro candidaturas, tres el que siguiera hacia abajo en importancia y dos más el tercero en importancia dentro de la composición de la Legislatura. Así lo hicieron el PRI y el PAN; mas el PRD se abstuvo de proponer a los que le correspondían empecinado en reelegir a dos miembros del anterior consejo. Ni tardos ni perezosos se repartieron dichos cargos el PRI y el PAN.
Luis Carlos Ugalde Ramírez, designado Consejero Presidente, es un joven académico y observador político. Recién escribió “Vigilando al Ejecutivo. El papel del Congreso en la supervisión del gasto público 1979-1999” y Jesús Reyes Heroles-González Garza, secretario de energía y embajador en Washington en el gabinete zedillista ha acertado al defender el criterio imparcial del nuevo Presidente del IFE, quien otrora laboró a su lado como profesional de la ciencia política.
Por lo que toca a nuestra entidad celebramos la elección de Lourdes López Flores, quien fue Vocal Ejecutiva del IFE en Coahuila, y ahora es Consejera propietaria en el Consejo General. Hay que decir: acertadamente. Nos consta su capacidad, buen juicio y responsabilidad. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Nuevo León, estado en el que también desempeñó cargos electorales. En las últimas elecciones federales fue notorio el buen desempeño del consejo local de Coahuila bajo su dirección: el proceso devino terso y legítimo y de no ser por la anulación del sexto distrito, imputable tanto al PAN como al PRI, hubiera sido perfecto.
Además, esta designación en favor de López Flores, establece un precedente en cuanto a que los funcionarios de carrera en el servicio electoral federal del interior del país deban ser reconocidos y estimulados con importantes encargos públicos que parecieran reservados para gente que vive en el Distrito Federal.
Tiempo tendrán los nueve consejeros generales del Instituto Federal Electoral para demostrar que pueden ser dignos de la confianza que les ha otorgado la Cámara de Diputados. Hoy prevalecen resquemores entre quienes soñaban, de alguna manera, con tener esa oportunidad. Ya predicen malos tiempos, pero ningún fundamento se exhibe para esos augurios. Será la experiencia, y nada más que la experiencia, lo que avale o rechace el trabajo de los nuevos consejeros. Esperemos que todo resulte bien, pues México requiere fortalecer permanentemente su sistema electoral democrático, y ello solo habrá de lograrse con procesos electorales donde priven la legalidad, la transparencia e imparcialidad. Que así sea.