Esta semana, a más tardar el día 31 de octubre, será renovado, parcial o totalmente, el Instituto Federal Electoral. Nadie, ni siquiera el Partido Revolucionario Institucional, podría decir mal de este organismo que encauzó el ejercicio de la democracia electoral en el país; tampoco nadie hablará mal autorizadamente de sus consejeros y funcionarios, a pesar de que algunos se colocaron, por diversas razones, en el centro de la crítica pública y al final adoptaron una actitud ponderada, independiente y equilibrada.
Por el IFE pasaron dos elecciones presidenciales difíciles: la de 1994, que primeramente cargó con la intensidad dramática del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y después enfrentó la cerrada competencia de tres partidos fortalecidos por tres candidatos con poder político: Ernesto Zedillo, que ganó; Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos, que perdieron. La segunda elección presidencial, en el año 2000, fue también organizada por el actual cuerpo de consejeros, y sirvió para determinar la transición democrática de México, lo cual no resultó fácil de lograr con tranquilidad y legalidad, después de 70 años de predominio priísta en todos los niveles del poder público.
Pero el pueblo mexicano votó en libertad y quiérase que no el candidato del Partido Acción Nacional obtuvo claramente el triunfo. Vicente Fox Quesada ganó la votación y el gobierno de Zedillo reconoció esa victoria; también el PRI y por supuesto el PRD y la ristra de partidos minoritarios que le acompañaban. Muchos políticos de la vieja hornada torcieron la boca, pero nadie opuso objeción seria y consistente a los resultados.
Entre las dos elecciones presidenciales, en 1991 y 2003, se desarrollaron otras, conocidas como “intermedias”, atañentes a la Cámara de Diputados. Éstas también tuvieron un desarrollo tranquilo, legal y sin impugnaciones. En los distritos electorales en que se presentaron quejas hubo investigación de culpas, se anularon sufragios donde fue necesario y se cancelaron votaciones para luego convocar a elecciones extraordinarias.
De hecho, los actuales consejeros del IFE heredaron a los todavía innombrados un par de procesos electorales extraordinarios que tendrán lugar en el mes de diciembre: uno en el norte Torreón y otro en el Sur, creemos que en Zamora. Lo destacable es que durante siete años de ejercicio legal el IFE de mantuvo a viento y marea la paz electoral en la República y consolidó tal es la opinión generalizada el sistema democrático en la República.
La ambición no descansa, sin embargo. Los partidos políticos ven al IFE como aquel panal de rica miel al cual muchas moscas acuden. Más que panal, pastelote cuyas rebanadas se antojan. Los consejeros ganan tanto como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios no curten malas baquetas. Por eso los partidos políticos intentan lograr, o ya lo consiguieron para estas horas, la imposición de los funcionarios y consejeros que estarán en el organismo a partir del próximo día primero de noviembre. Una relajada normatividad interna lo puede permitir, si no hay ojos avizores que lo impidan. Y así veríamos llegar a Diego Valadés, el ex-procurador general de la República, a un cargo donde se requieren hombres no comprometidos con intereses deleznables. Y nos referimos, concretamentte, al salinismo.
Ayer a medio día estaban los líderes de las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados tratando de amasar el pastel. Una opinión mayoritaria insiste en que la renovación debe ser total, y para ello hay una lista de cien nombres que nadie tiene ganas de analizar prolijamente. Subsisten dudas: Si algunos consejeros se quedarían, a pesar de que no lo permite la ley; si un funcionario del actual IFE sube a Consejero Presidente o si todo cambia para que nada cambie, serán noticias que podríamos leer este día en que escribimos nuestras notas o mañana, cuando todo esté consumado. Pero hay propuestas dignas de ser escuchadas: una de ellas es que debe respetarse la carrera de funcionario electoral, en los miles de casos que existen en toda la República; otra postula que de los ocho consejeros nacionales, la mitad sea para ciudadanos de la provincia y así se evite la deformante centralización en la toma de decisiones. Total, que están en la mesa suficientes temas de discusión y decisión que deberían ser analizados a profundidad. Ya veremos y diremos, si es que la prisa no les gana a los diputados, a los partidos de los cuales proceden o a los corifeos del señor presidente Fox Quesada y del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ahora pipián de todos los moles ex-revolucionarios.