En fechas recientes se ha puesto otra vez de moda que autoridades y empresarios hablen de ?política industrial?. Un reportero señaló en una nota reciente que el Secretario de Economía ?dio una buena noticia al país al afirmar que ya existe una política industrial, en la cual se seleccionaron 12 sectores, que serán apoyados por el gobierno de una manera más decidida para darle más dinamismo al ciclo económico?.
No queda claro porqué el reportero considera eso una ?buena noticia?, a menos que sólo tenga en mente los beneficios a los sectores privilegiados por dicha decisión. Para el resto de los mexicanos una ?política industrial? que otorga privilegios y cree seleccionar ganadores desde los escritorios de la burocracia es una pésima noticia económica, que significa un retroceso importante en la asignación eficiente de los recursos y un obstáculo para mejorar la competitividad del aparato industrial del país.
Es normal que con los mitos de que el gobierno ?debe? velar por ?la integración de cadenas productivas? y el ?apoyo a la pequeña y mediana industria?, así como con otras ocurrencias, cada sector productivo promueva y defienda sus intereses. Nadie puede culparlos por utilizar su poder político para convertir la política industrial en un mecanismo que les otorgue subsidios, protección y tratos preferentes. Esto es cierto en cualquier sistema (capitalista, socialista y comunista), pero tiene mas éxito en los países donde hay un mayor control público sobre la actividad económica.
La intervención del gobierno en la economía mexicana impidió, por décadas, que su aparato industrial tuviera la flexibilidad necesaria para competir de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno. Cuando parecía que habíamos dejado atrás ese paternalismo gubernamental tan pernicioso, ahora amenaza con regresar disfrazado otra vez como política industrial.
El Presidente Fox y algunos integrantes de su gabinete muestran su poco conocimiento de la economía y la historia cuando son presa fácil de esta retórica proteccionista y paternalista. Sus propuestas de política industrial nada tienen de novedosas. No se percatan que están esgrimiendo argumentos falaces de épocas anteriores y que lamentablemente sus acciones tendrán, como en todas las ocasiones previas, resultados muy pobres y contraproducentes.
Muchos países, México entre ellos, han tenido experiencia con política industrial. Recordemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial de la administración de López Portillo. En dicho caso, como en muchos otros, una política donde el gobierno selecciona ?ganadores? cuesta mucho y además fracasa. Sin embargo, los grupos de interés son suficientemente hábiles para presentar sus cuitas a cada nueva administración, con la ventaja de que la del Presidente Fox es, por novata y carente de un buen equipo de tecnócratas, más vulnerable que los gobiernos anteriores a las presiones de quienes buscan sin descanso la cobija de la protección oficial.
La evidencia tanto en México como en otros países, muestra que cuando existe ?política industrial? las empresas privadas descansan en el proteccionismo y la asistencia gubernamental, haciendo dinero a costa de los consumidores y el erario, al tiempo que se les priva de los incentivos apropiados para adaptarse a las condiciones del entorno, como normalmente lo hacen las industrias que no son seleccionadas como ?ganadoras? por el Estado.
Una política industrial, como la visualizan sus promotores, se convertiría en un sirviente de intereses especiales en vez de un guardián del interés general, y retrasaría en vez de fomentar los cambios necesarios en nuestra economía para integrarnos exitosamente al proceso irreversible de la globalización.
Un reporte de hace ya varios años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre las nuevas direcciones de la política industrial, menciona que muchos gobiernos de sus países miembros en el pasado tomaron medidas para elevar la producción industrial en sectores específicos, con el fin de promover el desarrollo nacional o regional, aumentar o proteger el empleo, mejorar la balanza de pagos o estimular la innovación tecnológica.
Varias razones, señala el reporte, llevaron al desencanto con este enfoque tradicional. Las políticas industriales nacionales se volvieron menos efectivas a medida que más empresas adoptaban estrategias globales e invertían donde encontraban oportunidades de mercado e insumos favorables tales como mano de obra calificada, infraestructura eficiente, un marco mínimo de regulación e instituciones conducentes al desarrollo.
La liberalización del comercio y la inversión han hecho a los mercados más abiertos a la competencia interna y externa. El reporte menciona que las políticas basadas en la creencia que ?el gobierno sabe más? fallaron con mucha frecuencia y se volvieron demasiado costosas, comprobando que los gobiernos no saben seleccionar a los ?ganadores? industriales.
El desarrollo industrial del país no requiere, por tanto, de una ?política industrial?. La espontaneidad y efectividad con la que el mercado selecciona a las empresas exitosas del futuro, nunca podrá reproducirse mediante la intervención burocrática selectiva y muchas veces corrupta que acompaña a una política de apoyos específicos que define un reducido número de personas.
La forma de estimular las actividades empresariales no es mediante subsidios, protección y preferencias que se prestan a la corrupción, sino promoviendo un entorno económico parejo y flexible que facilite y estimule la innovación y competitividad de nuestras empresas mediante la eliminación de regulaciones, la aprobación de las reformas estructurales, una garantía irrestricta de los derechos de propiedad y la vigencia del Estado de Derecho.