“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios...”
Artículo 28 de la Constitución.
El monopolio gubernamental sobre la electricidad no estaba considerado en la Constitución de 1917. Los constituyentes originales no encontraron ninguna razón que justificara la prohibición de la inversión privada en electricidad. Hubo que esperar a 1960 para que Adolfo López Mateos aprovechara la mayoría absoluta del PRI en el Congreso para añadir la electricidad a los campos en que el gobierno debía ejercer un monopolio absoluto. Lo mismo hizo José López Portillo con la banca en 1982, sólo que este nuevo monopolio gubernamental no duró ni una década.
López Mateos llevó a cabo la nacionalización de la electricidad de manera más limpia y menos conflictiva que Lázaro Cárdenas la expropiación de la industria petrolera en 1938 o José López Portillo la estatización de la banca. El gobierno de López Mateos compró gradualmente las acciones de las principales empresas de electricidad del país y llegó a un acuerdo con ellas para que, cuando anunció la nacionalización en su informe de gobierno de 1960, no hubiera resistencia de parte de ellas.
La Comisión Federal de Electricidad, creada en 1937, mucho antes de la nacionalización, no ha hecho un mal trabajo en su mandato de proporcionar fluido eléctrico al país. En 1940 sólo el 48 por ciento de la población mexicana contaba con servicio de electricidad. En la actualidad un 95 por ciento tiene luz. Los índices de productividad de la Comisión son bastante razonables en comparación con los que se registran en otras compañías de electricidad del mundo. De hecho, las tarifas que cobra la Comisión podrían ser competitivas con las de Estados Unidos y otros países. Las tarifas en México son mayores para la industria —lo que nos cuesta competitividad y empleos— por un insensato sistema de subsidios impuesto por los políticos.
En contraste con la Comisión, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es un hoyo negro por el que el país pierde una gran cantidad de recursos. Este año se necesitarán unos 17,000 millones de pesos en subsidios para mantener operando a Luz y Fuerza, a pesar de lo elevado de sus tarifas y de la mala calidad de su servicio. Esta cifra puede aumentar a 19,000 millones de pesos el año que viene. En realidad es absurdo que un país como el nuestro desperdicie esta cantidad de recursos en mantener un monopolio que daña la economía de los individuos y del país.
La pregunta clave, sin embargo, no es si la Comisión y Luz y Fuerza han hecho un buen o mal trabajo en el pasado, sino por qué un país debe prohibir la inversión privada en un campo en el que ésta no sólo no genera ningún daño sino en el que, por el contrario, proporciona un servicio muy necesario a la sociedad.
Los constituyentes originales, los del 17, no pensaron nunca en la necesidad de prohibir la inversión privada en electricidad. Por el contrario, entendían la necesidad de promover la inversión en infraestructura básica para darle a los mexicanos un mejor nivel de vida.
¿Por qué consideró el presidente López Mateos que era necesario darle al gobierno el monopolio de la electricidad? En parte porque deseaba reproducir la popularidad que su predecesor Lázaro Cárdenas había conseguido con la expropiación de la industria petrolera de 1938. Debido también a la necesidad de los regímenes autoritarios —como el priista que él encabezaba— de extender sus tentáculos y dominar todos los recovecos de la actividad económica de un país.
Tiene sentido, por supuesto, establecer un sistema en que el Estado intervenga para proporcionar electricidad a los pueblos más aislados de la República: aquellos que las empresas privadas de electricidad no podrían alcanzar de manera rentable. Pero es absurdo prohibir la inversión privada en un campo de actividad simplemente para proteger a un monopolio estatal y a los grupos políticos y sindicales que se benefician de él.
Los constituyentes del 17 no intentaron hacerlo. La idea sólo surgió cuando el régimen autoritario priista sintió la necesidad de fortalecer su control sobre todo aspecto de la vida nacional. Pero hoy, que hemos dejado atrás el régimen de partido único, debemos regresar a un sistema en el que el gobierno se haga cargo solamente de aquellos servicios que no puede proporcionar la iniciativa privada.
Sin tubo
El gobierno panista de Mérida, siempre atento a salvar la moral de los ciudadanos, está preparando un reglamento que hará que en los centros nocturnos sólo puedan presentarse “desnudos artísticos” y no eróticos. También prohibirá el “tubo”. Quiero ver cómo distinguirá legalmente entre un desnudo artístico y uno erótico y qué argumento jurídico empleará para prohibir el tubo.
Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com