El caso no es solamente en la Región Lagunera, sino en todo el territorio nacional, por lo que no se requiere indiscutiblemente ser un letrado ni abogado para entender la obligación de conocer el contenido de la Carta Magna o Constitución Mexicana. Esto quiere decir que la ignorancia de la Ley no significa que no se aplique, que no se ejerza la norma que regula y armoniza la vida civil de las comunidades humanas.
Al hablar de neolatifundismo, habremos de entender la vuelta del sistema feudal, época en que las tierras, aguas y bienes se encuentran en pocas manos y el trabajador encasillado, no posee un metro del suelo y de su voluntad es dueño el patrón. La lucha libertaria principió con la independencia de México en 1810, germinó con las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, con el exterminio de la esclavitud en todas las Américas y la condena doctrinal religiosa. El alma campesina fue la base del triunfo de la democracia con la Revolución Mexicana que quedó plasmada en la Constitución de 1917, que rige al país hasta la fecha, con sus reformas adaptativas al tiempo y por necesidades operacionales.
A pesar de las corrientes políticas mundiales, México fue presa de un sexenio (1936) de fuertes ligas con la Internacional Socialista, cosa que dio lugar a la implementación de las doctrinas marxistas, con un gobierno centralista que repartió las tierras de los grandes latifundios, con el agravante de no darles títulos de propiedad, por escrito, a los campesinos, ni los derechos de agua. No hubo tampoco preparación técnica agrícola, mucho menos en el manejo de equipos, por lo que los tractores quedaron inútiles, lo que ocasionó que los hombres del campo, realmente no fueran dueños de sus tierras, ni sujetos de crédito.
Al paso del tiempo, las tierras comunales fueron nuevamente rectificadas con certificados de propiedad y con reformas a la ley agraria, que permite el enajenamiento de las parcelas y aguas, lo que dio lugar a que muchos de los campesinos vendieran sus tierras y derechos de agua, que poco a poco van cayendo en manos de nuevos ricos, que con prestanombres o no, se han convertido en nuevos (neo) latifundistas, contrariamente a lo que la Constitución señala en su artículo 27, prescripción XV que dice: “En los Estados Unidos Mexicanos, no existirán latifundios.”
Sin embargo, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario, etc., solapan la anomalía y han logrado el renacimiento de los grandes feudos, en manos de juniors ricos que desplazan a la base campesina, debido a que la ley protege ahora a los neolatifundistas, lo que aumenta el desempleo y la migración a los Estados Unidos y no cabe duda que existe desde luego, un impacto social con desórdenes en la seguridad y el bienestar de las familias, con una acentuada división de clases cada día más notoria que acarrea más pobreza, vandalismo, narcomenudeo, lavado de dinero, corrupción, pérdida de los valores morales y todo por la lucha de sobrevivir en el desorden.
Las agresiones a los recursos naturales son cada vez más severos y nadie hace caso del problema de la creciente escasez de agua regional, conjunto que nos lleva a considerar un medio ambiente en nada propicio para la vida.
Los neolatifundistas acaparan el agua del subsuelo o acuíferos, tanto por la extracción exagerada e ilegal de más de 1,300 millones de metros cúbicos anuales, a los que se suman 300 más de la recarga, reservas que deben ser contempladas para el futuro del consumo humano y el desarrollo sustentable regional. En este aspecto, es importante reflexionar y hacer un análisis de la real situación de un país como el nuestro, dependiente, dentro del proceso de globalización, endeudado, en un desequilibrio económico, con gente fuertemente fanatizada, enajenada y cada vez más ignorante de la situación real de las cosas, que requiere pronta solución a sus problemas.
Es un deber ciudadano exigir a las autoridades, de acuerdo a la Ley de la Información y Transparencia, fundamentalmente al Congreso con nuevos miembros (diputados federales), que promueven las reformas necesarias a las contradicciones de la Ley Agraria y se corrijan las cosas en la Reforma Agraria, Registro Agrario, Procuraduría Agraria, Comisión Nacional del Agua, Semarnat, Profepa, entre otras.
Es prudente recordar que el gobierno en sus tres niveles, el municipal principalmente, debe a la ciudadanía la contestación a su petición pública de saber cuánta agua nos queda en el subsuelo, su calidad y conocer por cuánto tiempo, so pena de un juicio político. Está en juego la supervivencia humana y la biodiversidad.
Mientras la Confederación Nacional Campesina (CNC) la Central Campesina Independiente (CCI) y otras organizaciones campesinas callan en lugar de enderezar los entuertos, Laguneros por el Agua, A.C. estarán pendientes...