Según estimaciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para el próximo año pudiera entregarse terminado en su totalidad y con el equipamiento necesario el edificio que ocupará la Procuraduría General de Justicia, sólo si la Federación otorga los recursos para ello, declaró el secretario general del mismo, Germán Oyosa Roldán.
En reunión que sostendrán mañana en la Ciudad de México gobernadores de todo el país y secretarios de los consejos con el titular de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, además de analizar avances y acuerdos derivados de la última reunión a principios del año, gestionarán que se canalicen recursos para las diferentes entidades.
Un total de tres mil 600 millones de pesos serán distribuidos entre los estados con base en proyectos de infraestructura penitenciaria, de los cuales a Durango le corresponden 283 mdp. para concluir el Cereso de Guadalupe Victoria, el Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores de Gómez Palacio, el Centro Distrital de Rehabiltación Social de Santiago Papasquiaro y el nuevo edificio que ocupará la Procuraduría General de Justicia.
El entrevistado señaló que al primero le corresponderían 140 millones; de éstos 105 serían para obra y 35 para equipamiento; para el COMÍ serían destinados 15 millones, diez para obra y cinco en equipo.
Para el proyecto de la Procuraduría se asignarán 65 millones; con ello pretenden terminar el edificio y los otros contiguos que ocuparán la Dirección de Averiguaciones Previas y la Policía Ministerial, que de concretarse la petición para el próximo año pudieran estrenar instalaciones.
También se invertirán 13 mdp en una primera fase en repetidoras, estructuras que enlazarán comunicación con el estado de Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas, por medio de la red nacional del Consejo de Seguridad federal.
Oyosa Roldán señaló que dentro de la agenda se abordará una iniciativa de ley en el Código Penal Federal, la cual pretende que aquellos internos que purgan condenas de dos a tres años por el delito de lesiones menores paguen ya sea con trabajo y/o dinero, con el fin de resolver el problema de la sobrepoblación de los reclusorios y centros de rehabilitación del país, y así liberar un buen porcentaje de presos.