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El saqueo sigue... / El INAH dispuesto a conservar restos con valor antropológico

Jesús Salcedo Ávila

TORREÓN, COAH.- Hasta el momento ninguna autoridad ha intervenido para que se deje de extraer arena sílica de los yacimientos que se encuentran en la zona del Valle de Acatita en el municipio de Francisco I. Madero, denunciaron habitantes de las comunidades rurales vecinas a ese lugar y quienes no están de acuerdo en que se haya vendido el recurso natural para su extracción.

María García, vecina de uno de los poblados en donde se encuentran los importantes yacimientos de arena sílica, mediante un escrito que hace llegar a las oficinas de El Siglo de Torreón, indica que pese a las denuncias públicas que en reiteradas ocasiones se han hecho a través de este matutino, siguen las extracciones del mineral con fines comerciales.

Ella considera que estos lugares, como las dunas de arena sílica que se encuentran en tres poblados rurales, deben declararse como patrimonio de la población en donde se encuentran y deben contar con la protección del Gobierno de Coahuila y el Gobierno Federal, sin embargo se muestra decepcionada de que hasta el momento ninguna de esas instanancias de gobierno se haya interesado en este problema que pudiera incrementar la pobreza en que ya se encuentran las comunidades rurales de Tres Manantiales, Felipe Ángeles, Río Aguanaval y Charcos de Risa.

Indica María García y así ha sido comprobado por El Siglo de Torreón, que este sitio en donde se encuentran las dunas de arena sílica, es de inigualable belleza en la Comarca Lagunera, además de que se encuentran a flor de tierra restos de fauna marina, conchas y caracoles, lo que es prueba irrefutable de que esta zona, hace miles de años, fue la llamada Mar de Tetis y no es justo, según lo indica en su escrito que de la noche a la mañana, lleguen particulares y se lleven la arena para comercializarla en el extranjero.

Pide la entrevistada el apoyo del Gobierno de Coahuila y de la Secrearía del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para defender la biodiversidad de esta área, además de programas especiales para aprovechar los recursos naturales con que se cuenta y que podrían ayudar a mejorar la economía de cientos de familias que en este momento viven solamente de la recolección de la candelilla y de pequeñas áreas de cultivo que se pueden considerar solamente de sobrevivencia.

INAH NO PRETENDE SAQUEAR

Los restos fósiles, armas, artículos de piedra y hueso, así como restos de prendas tejidas de hierba que han sido recolectados por los habitantes del Valle de Acatita, se encuentran en condiciones inadecuadas y se deterioran a cada momento, por lo que se hace necesario someterlos a tratamientos para su protección, además de mantenerlos en condiciones adecuadas para evitar daños mayores.

Y eso es precisamente lo que pretende llevar a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero en ningún momento se ha pensado en decomisar esos objetos que han recolectado los campesinos; se trata de preservar la historia del lugar y del país, asegura Mauricio Sánchez de Mier, arqueólogo del INAH, con sede en Saltillo, Coah.

El arquitecto Sánchez de Mier hace una serie de precisiones sobre su visita a los ejidos en donde se tienen los restos antropológicos antes mencionados y en principio, indica que el personal del municipio de Francisco I. Madero no proporcionó completos los datos sobre su visita y por ello se tergiversaron los objetivos y la información que se proporcionó el un trabajo previo publicado en El Siglo de Torreón el primer día de junio, está incompleta.

Indica el investigador que previo a la visita que hizo al ejido Felipe Ángeles, se envió un oficio al presidente municipal, José Luis Marrufo Álvarez, para avisarle del recorrido que haría por la zona en donde se tienen los restos arqueológicos y menciona que el ingeniergo Adrián de la Rosa Godoy, subdirector de Desarrollo Social de Madero, a pesar de haberse comprometido a acompañarlo en el recorrido, nunca se presentó y fue menester que lo acompañara el titular de Comunicación Social, Vladimir Martínez.

Acepta el arqueólogo Sánchez de Mier, que como resultado de su recorrido, efectivamente se pretendió trasladar algunos textiles al Museo Regional de La Laguna, en esta ciudad, para después llevarlos a la Ciudad de México e iniciar el proceso de restauración, ya que las muestras que se encuentran en poder de los campesinos se encuentran en muy mal estado.

Indica el representante del INAH, que se hizo la aclaración a los campesinos que esas muestras les serían regresadas una vez que tuvieran las condiciones adecuadas de conservación, haciendo la aclaración de que el proceso a que serían sometidas esas piezas es largo y costoso, pero los recursos que para ello se necesiten, los absorbería el Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo único que se pidió a los ejidatarios de Felipe Ángeles, fue tiempo para realizar el trabajo y el proceso podría durar entre seis meses y un año.

Los campesinos no se negaron a la restauración de las piezas, según se tiene conocimiento, sino que se opusieron a que fueran sacadas de la comunidad en donde se encuentran.

Los habitantes de Felipe Ángeles, que mantienen en custodia los objetos con valor antropológico, según el decir del investigador, accedieron a que se restauraran los textiles, pero dieron un plazo máximo de quince días, sin presentar ningún argumento sobre el plazo fijado, salvo que se tuvo conocimiento extraoficial de que un funcionario de la Presidencia Municipal dio las instrucciones de que no permitieran que se llevaran nada.

Con respecto a la construcción de un laboratorio y un museo en el mismo ejido, el investigador del INAH indica que si los campesinos tienen los cerca de seis millones de pesos (mínimo) que costaría construir las instalaciones adecuadas, comprar los materiales de restauración y pagar a los especialistas en restauración, pues se pone.

En otra parte del comunicado que se hace llegar a El Siglo de Torreón, dice que es totalmente falso que se haya amenazado a los ejidatarios del Valle de Acatita, ya que de haber querido recoger las piezas con valor antropológico, se hubiera hecho acompañar de personal de la Procuraduría General de la República, porque la recolección, venta y el saqueo de piezas arqueológicas, es delito federal.

Lo único que el arqueólogo les dijo a los campesinos es que lo que estaban haciendo estaba penado por la Ley y que tenían que dejar de hacerlo.

El arqueólogo, Mauricio Sánchez de Mier, indica que sobre la creación de museos comunitarios, la principal intención es salvaguardar el pasado muerto del país, apoyando algunas de esas acciones y la visita que se hizo al ejido Felipe Ángeles de Francisco I. Madero, fue para tratar de conservar las piezas para la creación de un museo, para lo que alguien tiene que hacerse responsable y en este caso en particular, según el investigador, los campesinos quieren hacer un museo pero sin apegarse a ninguna normatividad ni legalidad.

Hasta el momento, nadie ha presentado una solicitud formal en ninguna instancia para la formación del mencionado museo; no hay responsable de las piezas y no hay compromiso de custodia y salvaguarda, además de que el sitio en donde se tienen concentradas las piezasno cumple con los requisitos mínimos de seguridad e higiene.

Sin tratar de ser policías, concluye el investigador que sus trabajos van tendientes a defender el Patrimonio de la Nación, no solamente de los ejidatarios del municipio de Francisco I. Madero, ni de la gente de La Laguna, ni de los coahuilenses en general, sino de todos los mexicanos.

DESCUIDO

Los campesinos del Valle de Acatita por desconocimiento, descuido y necesidad, han permitido que se cometan varias irregularidades en sus comunidades rurales y poco a poco se quedan sin las riquezas que la naturaleza y la historia les han legado.

.-Personas ajenas al Valle de Acatita y que gustan del campismo, han recolectado y sacado de ese lugar piezas con valor arqueológico como “chuzos”, (puntas de lanza de piedra), restos fósiles, petroglifos, restos de vasijas y otros.

.-Algunos campesinos de los ejidos Tres Manantiales, Charcos de Risa, Felipe Ángeles y Río Aguanaval, han recolectado piezas con valor arqueológico y las mantienen guardadas en sus respectivos domicilios.

.-Ejidatarios de los mismos poblados antes mencionados han vendido parte de las piezas recolecta-das a visitantes, sin saber a dónde van a parar esos artículos.

.-Se tiene en Felipe Ángeles una especie de museo en donde hay piezas que se supone tienen valor arqueológico, pero nadie las ha clasificado ni les ha dado mantenimiento para preservarlas, además de que el lugar carece de organización, limpieza y vigilancia, por lo que es fácil la sustracción de las piezas, máxime que no hay un inventario de las mismas.

.-Los campesinos no se encuentran organizados para impedir la llegada de visitantes hasta las cuevas y otros sitios en donde han encontrado piezas con valor arqueológico y por ello el saqueo continúa.

FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón

ESTÁ PENADO

Se encuentra prohibida la extracción, venta y aprovechamiento de restos arqueológicos y quien lo haga incurre en responsabilidad federal, de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas que en los siguientes artículos dice:

Capítulo VI. De las sanciones

Artículo 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquiera otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos. Si los delitos previstos en esta ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se le aplicarán independientemente de las que le correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Artículo 52. Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del instituto competente, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Artículo 54. A los reincidentes en los delitos tipificados en esta ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor. Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del Código Penal para el Distrito Federal aplicable en toda la República en materia federal. Los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los efectos de esta ley. La graduación de las sanciones a que esta ley se refiere se hará tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta ley o a su reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del reglamento de esta ley.

FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón

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