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México, D.F.- Para la Procuraduría General de la República (PGR), el secuestro dejó de ser una industria rentable en el país, ya que a la fecha suman 110 privaciones ilegales de la libertad en lo que va del año, 65 por ciento menos que en el 2002, y sólo 13 organizaciones se mantienen en esta actividad, aunque sólo cuatro de ellas están activas.
José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO), se mostró así optimista al dar a conocer este informe sobre el comportamiento de este delito en el país, y señaló que quizá en unos dos años ya no será un tema a tratar como fenómeno delictivo.
Empero, insistió en que el secuestro ha dejado de ser rentable, un negocio para quienes se han dedicado a esta especialidad criminal, pues asegura que de los últimos secuestros en los que los delincuentes han solicitado hasta tres mil 500 millones de pesos en montos de rescate, éstos no han sido pagados y se ha logrado recuperar a las víctimas.
Rebeló que el derrumbe de esta industria es evidente cuando de los montos de rescate exigido, a lo sumo se paga sólo el cinco o diez por ciento de los mismos.
En conferencia de prensa, Santiago Vasconcelos dio a conocer también la detención y arraigo de una organización que operaba en el Distrito Federal, integrada por cinco sujetos capturados el pasado ocho de junio, quienes se especializaron en privar de su libertad a amigos, familiares y vecinos del cabecilla de la organización, identificado como Jaime Solís Carrillo.
Esta banda que operaba sobre todo en la zona de Tlalpan mantenía en cautiverio a sus víctimas entre tres y seis días y exigía un rescate que oscilaba entre el millón y los tres millones de pesos.
De enero hasta mayo lograron secuestrar a cinco personas, uno de ellos menor de edad por quienes finalmente pese a sus demandas sólo recibieron 50 mil pesos por sus liberaciones.
Al final se logró la aprehensión del cabecilla de la organización junto con Alfonso Rubén Martínez, Luis Esteban González Hernández alias “El Negro”, y Manuel Antonio Fuentes García.
También quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal un domicilio ubicado en Niños Héroes No. 33 de la colonia San Pedro Mártir.