Ante lo exaltado de los partidos políticos, a consecuencia de un resultado con el que se trunca el triunfo del candidato del Partido de Acción Nacional, al que le habría sido entregada la constancia de mayoría, debe caber la morigeración. Nada se gana, como no sea incitar a la anarquía, con escarnecer, merecida o inmerecidamente, a los magistrados electorales que decidieron el caso anulando las elecciones. Tampoco dicha sentencia, que ordena la celebración de nuevos comicios, necesita el respaldo de personas que se dicen empresarios. Es una práctica común el denostar a quien nos niega la razón por que no confiamos en nadie, aunque seamos incongruentes al aceptar competir bajo condiciones que luego rechazamos. Damos la impresión de que sólo aceptamos los fallos que nos beneficien. De no ser así los repudiamos tachando de parcialidad a los encargados de decir el Derecho. ¿Quién, en su sano juicio, puede creer que el que pierde es el bueno y el que gana es el malo? Eso es un maniqueísmo, venga de donde venga.
Igual sucede con quienes oficiosamente, mediante un desplegado, dan su apoyo a una resolución judicial. El imperio y la majestuosidad de un tribunal de justicia no requiere de esos consensos. Y menos cuando no se procura establecer que quienes firman un desplegado efectivamente sean lo que dicen ser. Los amanuenses encargados de la estrategia que sigue el PRI, a posteriori de la anulación de las elecciones, deben tener mucho cuidado con lo que hacen. De una u otra manera, refunfuñando o no, el PAN acepta su participación en una nueva contienda electoral y acata, por ende, el dictamen judicial. Lo otro, sobre si el tribunal obró con parcialidad destrozando con su actuación el estado de derecho, es política pura. Ambos partidos están jugando a convencer a la ciudadanía que la razón esta de su lado con vistas a los futuros comicios. Eso es entendible y en cierta medida justificable a la luz de los acontecimientos. No le hace que se tenga que acudir a tácticas poco ortodoxas, como pretender satanizar a los impartidores de justicia o inventar apoyos de grupos empresariales que no lo son. Para los partidos, que militan en la política local, parecería ser que lo importante no es la raya si no sólo pintarla.
Las acusaciones que se formulan contra el gobierno estatal carecen de sustento y no dejan de constituir una verdad basada tan sólo en que es cierto “por que yo lo digo”. Sería conveniente que la seriedad a que obliga un limpio pasado, el del PAN, tuviera un fundamento legal que permitiera dilucidar si en efecto hubo participación indebida del gobernador Enrique Martínez y Martínez, al que le exigen saque sus manos del proceso, así como que deje de usarse a las dependencias del estado para efectuar campañas de represión. El decirlo es sencillo, el daño es colosal. Si hay pruebas adelante, la ley electoral es clara al respecto. Los militantes, con cabeza fría, del Partido (de) Acción Nacional no deben permitir que se lancen acusaciones a diestra y siniestra produciendo el efecto contrario al que se persigue. Insisto, tampoco el PRI debe abusar de la credulidad de la ciudadanía torreonense. De muchos de los que estamparon su firma se conoce su trayectoria. No engañan a nadie cuando los llaman hombres de empresa. Lo que de seguro se sabe es que son priistas de hueso colorado. Aunque lo único que logran es colocar una duda donde no la había. Si las resoluciones de los tribunales requieren del sostén publicitario de quien resulta favorecido, mal andamos en cuestiones de justicia.
Lo que requiere este país, en estos azarosos tiempos, es la templanza, la moderación y, si lo permite el enajenamiento que causa la pasión, la mesura. El poner en tela de duda la integridad moral de las autoridades, sin que haya una denuncia fundada, me parece una estrategia que no tiene futuro. Si hay elementos de convicción, más allá de un simple ejercicio retórico, que demuestren lo que se dice, háganlo del conocimiento de los órganos adecuados y sanseacabó. De una vez por todas hay que disipar los fantasmas que revolotean alrededor de un proceso electoral mientras se carezca de un asidero legal. La democracia es como la antigua ciudad de Roma: no se construyó en un día. Dejen los partidos políticos que la ciudadanía juzgue. El tribunal electoral le ha dado una buena oportunidad, para que lo haga a plenitud, abriéndole paso a una nueva contienda.