Otro dirigente sindical en su condición estaría atribulado: ha de enfrentar comicios seccionales, que requerirían su presencia o la de su personal cercano, pero está sujeto a procedimientos penales que le impiden moverse. Pero el ex diputado y ex senador Carlos Romero Deschamps no se inmuta. A pesar de que pesan sobre él severas acusaciones, y no obstante la evidencia de que crece el descontento en las filas petroleras, goza la certidumbre de los apoyos que cuentan: el de la empresa petrolera nacional, el de su partido y el del Gobierno Federal.
En mínima reciprocidad, pues hace tres años el líder petrolero le hizo el suculento regalo de por lo menos quinientos millones de pesos, el PRI hizo hasta lo imposible por preservar el fuero a Romero Deschamps. Y cuando el simple transcurso del tiempo lo privó de la inmunidad, no tiene el mínimo rubor de presentarlo en sociedad. Contaba entre los jefes priistas que la semana pasada recibieron a Felipe Calderón, el secretario de Energía. Quizá por afinidad, o atentos al riesgo de que esa pueda ser la suya y eso los margine, a los mandones en el PRI no les importó la situación judicial de su ilustre militante.
Pemex fue en el 2000, y lo es hoy, extremadamente generosa con Romero Deschamps. En aquel año lo proveyó de hasta 1,500 millones de pesos sin ninguna base legal. Ese es un hecho admitido por el comité sindical, al punto de que pactó ya la restitución. Ante el gesto de buena fe del dirigente, que admite haberse quedado con cuantiosas sumas que no le correspondían, la empresa ha reaccionado con semejante benevolencia. Admitió que aquella cantidad le sea devuelta en cómodos plazos, y sin intereses, por lo que allá por el año 2,046 quedará saldado ese adeudo. El sindicato no erogará nada. Símplemente recibirá recortadas las cuotas sindicales que la empresa retiene a cada trabajador. Esa operación, eficaz y decente, aligera la carga judicial de Romero Deschamps, pues su buena fe quedaría así demostrada y el juez penal que lo procese tendrá que ser sensible a ella.
No sólo en términos financieros es generoso Pemex con su líder. También en términos políticos lo es. En estos días en que se renuevan (es un decir, porque la relección es lo que priva) los comités seccionales, la empresa muestra a cada paso su buena disposición con Romero Deschamps. En algunas secciones la exacerbación de los ánimos contra el autoritarismo sindical complica el proceso electoral, que no podría resolverse en beneficio del actual liderazgo sin auxilio patronal. Tal es el caso de Salamanca, de cuya refinería son trabajadores los miembros de la sección 24. Una buen número de petroleros hace tiempo que habrían desplazado a Fernando Pacheco de la secretaría general. Los irrita el boato en que vive y del que se ufana. Pero controla las elecciones a la mala. La empresa permite que su gente realice propaganda en horas hábiles. ¡Y cómo no, si la jefa de servicios al personal en esa planta, Gloria Aran, participa en la asamblea y vota, no obstante que como es obvio el suyo es un cargo de confianza! En otras instalaciones, como en Nanchital, Ver., o en Tula, Hgo., la comprensiva parte patronal permite salir temprano a los trabajadores confiables, de suerte que puedan controlar los locales donde se realizan las asambleas, o sus remedos. En la refinería Miguel Hidalgo (la de Tula) la empresa pone a disposición de ese personal autobuses para trasladarse al local sindical, en el vecino municipio de Atitalaquia. Se informa de la presencia allí de Romero Deschamps. Desde que correspondía a la refinería de Azcapotzalco, él es miembro de la sección 35, que tiene ahora sede en tierra hidalguense. Por ese motivo el PRI hizo, en 1994, senador por Hidalgo a Romero Deschamps, pese a que nació en Tampico y reside en el Distrito Federal.
Se entiende el benevolente trato de Pemex al líder sindical: corresponde al que le dispensa el Gobierno Federal. Lo comprobaremos de un modo fehaciente si la inspección laboral en los comicios seccionales cohonesta las grotescas irregularidades en que se basa la conservación del control sindical. En cada local sindical han estado presentes inspectores de la Secretaría del Trabajo. Su deber es elaborar un acta, que es pieza clave para que esa oficina tome nota, o se niegue a hacerlo, de la elección correspondiente. Si las actas son fieles a lo ocurrido (y atestiguado por los medios de información y los integrantes del Comité de Observadores Independientes), será imposible legitimar la elección.
En la mayor parte de esos comicios no se verifica la calidad de los participantes en las asambleas, en que deben estar presentes sólo los trabajadores en activo. No se mide el quórum (en Nanchital, por ejemplo, dicen los líderes eternos que reunieron seis mil trabajadores, en un auditorio en que no caben más de dos mil quinientas personas). Se vota a mano alzada, y no mediante papeletas que impidan identificar el voto. Se negó el acceso a los opositores o se rehusó darles el uso de la palabra y aún verificar el resultado, que a menudo se proclamó sin contar los votos.
Todo ello debe constar en las actas de inspección de trabajo, pues son incontables los testimonios que mencionan esas tropelías. Tales actas deben ser dadas a conocer al público en general y a los interesados en particular. Se comprobará, si no es así, que los escrúpulos del secretario del Trabajo han sido insuficientes para cortar de tajo los nexos del gobierno con los líderes venales.