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MÉXICO, DF.- Los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Luis Felipe Bravo y Leonel Godoy, advirtieron ayer que no cejarán en sus demandas hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restablezca el Estado de Derecho en Colima.
Ello, luego de que -según versión del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- un magistrado del Tribunal Electoral Local fuera amenazado de muerte para cambiar el sentido de su voto, lo que dio el triunfo al candidato del Revolucionario Institucional (PRI) en las pasadas elecciones extraordinarias, Gustavo Vázquez Montes.
Bravo Mena y Godoy se reunieron con el presidente del TEPJF para ratificar su demanda de juicio de revisión constitucional que previamente interpusieron ante las autoridades electorales de Colima por las anomalías registradas en los comicios extraordinarios del pasado siete de diciembre “Lo que ocurrió el 22, 23 y 24 de diciembre en Colima es una situación que no se puede permitir en este país”, advirtió el dirigente perredista. Sin embargo, al ser consultado sobre el magistrado que recibió la amenaza, no supo el nombre.
De acuerdo con los reportes de la prensa local, el magistrado en cuestión es Gonzalo Flores y -según el PRD- estaba a favor de anular 58 casillas del municipio de Tecomán, lo que habría inclinado los resultados a favor del candidato de la coalición Todos por Colima.
Leonel Godoy y Luis Felipe Bravo aseguran que el 23 de diciembre el magistrado cambió el sentido de su voto, presumiblemente a raíz de dicha amenaza, lo que configura un estado de excepción en Colima.
“A partir de ese momento, con un cerco impresionante, con la participación de funcionarios del Gobierno del Estado, con la movilización que encabezó el ex gobernador, que sigue siendo el jefe nato de esa horda, de ese casi crimen organizado que hay en Colima, lograron el 23 y 24 modificar una resolución tomada”, declaró Godoy.
Los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y PRD acudieron ayer antes del medio día, al TEPJF para reunirse con el presidente de ese órgano, Fernando Ojesto, a quien entregaron una serie de pruebas documentales y videográficas de diversas anomalías, según dijeron.
Bravo Mena dijo que la solicitud ante dicho tribunal es para que se restaure a plenitud el Estado de Derecho en el estado de Colima, “sobre todo en el proceso electoral que no culmina y que está bajo litigio”.
El panista coincidió con Godoy en la percepción de que en dicho estado se está haciendo “uso de la fuerza por parte de un grupo político, del PRI en particular, del grupo político que domina el Gobierno del Estado” para “forzar decisiones que corresponden única y exclusivamente a la independencia plena de la autoridad electoral”.
Piden también “garantías absolutas” a los magistrados del Tribunal Electoral del estado de Colima, en particular de su presidenta, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, “que está siendo objeto de una presión indebida, de fuerza y de abuso de poder, tratando de lastimar absolutamente su función jurisdiccional”.
Según los reportes locales, Visfocri fue objeto de una demanda judicial por parte del PRI, así como de dos magistrados de ese Tribunal, por haber alterado el dictamen del 22 de diciembre, donde los tres magistrados aprobaron invalidar 3 y no 58 casillas de las 117 de Tecomán. Uno de los demandantes es Gonzalo Flores, el magistrado amenazado.
En medio de la confusión, el candidato de la coalición Todos por Colima, Antonio Morales de la Peña, dijo, sin embargo, que una parte de los elementos de prueba son los videos de las sesiones del Tribunal Electoral local.
“Es la prueba contundente, la más valiosa; efectivamente presentamos videos, audio, de todas las sesiones que se dieron en el Tribunal”. De ahí el recurso de revisión interpuesto ayer por PAN y PRD ante el TEPJF, dijo al salir detrás de Bravo Mena y Godoy.
P.- Cuando habla de uso de la fuerza, ¿a qué se refiere? -se le preguntó al líder panista R.- Las hordas de presión política de contingentes que han estado presionando afuera del Tribunal Electoral de Colima, a las autoridades electorales, y presiones de todo tipo, incluso hasta amenazas directas contra la vida de algunos magistrados y de la presidenta del Tribunal.