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México, D.F.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 16/2003 a la Procuraduría de Justicia Militar, por la violación de garantías fundamentales de 56 integrantes del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano en Guamuchil, Sinaloa.
En un comunicado, el organismo detalló que los hechos se remontan al 13 de octubre del año pasado, cuando la CNDH recibió la queja de que 600 elementos del ejército habían sido detenidos, incomunicados y torturados.
Ante esa situación, personal de la CNDH entrevistó a 56 integrantes del 65 Batallón de Infantería, quienes coincidieron en señalar que del nueve al 12 de octubre de 2002 llegaron a las instalaciones de ese batallón, donde fueron incomunicados, interrogados y revisados por elementos de la Policía Judicial Militar vestidos de civil.
Sin embargo, en su informe, la Procuraduría General de Justicia Militar negó los hechos bajo el argumento de que dicho personal no fue retenido, sino concentrado en esa unidad militar para labores en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Lucha Permanente contra el Narcotráfico.
Asimismo, para realizar una revista de carácter administrativo, mediante la cual se detectó que algunos efectivos traían dinero que no pudieron justificar, así como pequeñas cantidades de droga y armas de fuego que habrían sido decomisado en operativos.
En ese sentido, expuso que fueron 350 los efectivos a los que se les realizó la revista administrativa los días nueve, diez y 11 de octubre, adoptando las medidas de seguridad para salvaguardar su integridad física y respetando sus derechos y libertades fundamentales.
A pesar de ello, la Comisión Nacional observó que los militares fueron objeto de violación a sus derechos e instalaciones militares, toda vez que fueron desarmados, sometidos a un examen antidoping y retenidos al margen de cualquier procedimiento legal los días referidos.
Detalló que la violación al derecho y a la libertad consistió en la incomunicación a que fueron sometidos, ya que se les limitó su derecho a entrar en comunicación con sus familiares, de manera personal o telefónica hasta el 12 de octubre y algunos hasta el 13.
Asimismo, la autoridad militar no emitió ningún citatorio a algún elemento del 65 Batallón para su comparecencia, sino por requerimiento verbal, lo cual se contrapone a la legislación castrense, la constitución mexicana y los convenios internacionales