La Dirección General de Tránsito y Transportes del Estado debe cumplir y hacer cumplir el contenido de la nueva Ley de Transportes del Estado, dado que en este momento, a más de medio año de haber sido aprobada en el Congreso y haber entrado en vigor, no se conoce el padrón de concesionarios ni de conductores del servicio público.
Así lo consideró el diputado Alfonso Mercado Chávez, del PT, tras señalar que la dependencia en mención tiene la obligación de hacer valer el real ajuste de las tarifas de transporte público, puesto que se podrían presentar casos de cobros indebidos o de taxímetros alterados.
En ese sentido, Mercado reiteró que el reciente ajuste de las tarifas, en el caso de los microbuses, no se reflejará en el bolsillo de la ciudadanía que usa el transporte de ruta urbana para trasladarse en la ciudad de Durango, ya que anteriormente cobraban los 3 pesos y ni con el incremento la tarifa llega a esa cantidad (quedó en 2.94 pesos).
Alfonso dijo que no se atrevería a decir que hay taxis que utilizan taxímetros alterados; empero, aún así pidió a la DGTyTE que calibre tales aparatos de medición del servicio, así como también exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor para que intervenga en la estricta revisión de los mismos en Durango, precisamente para evitar que cometan un abuso en perjuicio del usuario.
Consideró que si el Gobierno del Estado quiere llevar un control más estricto de la documentación de los choferes del servicio público, entonces debe hacerlo pero a la hora que refrenda o cuando solicita su documento a las autoridades.
Así, agregó que en seis meses no ha podido la dependencia que encabeza Ramón Guzmán Benavente echar a andar el Registro Público del Transporte.