“Es cosa fácil ser bueno: lo difícil es ser justo”. Víctor Hugo
La función fundamental del Estado, de cualquier Estado, es proporcionar seguridad y justicia a los gobernados. En ese mítico contrato social que le da sustento al Estado, los gobernados renuncian a ciertas libertades a cambio de que el Estado los proteja de agresiones y, castigue, en todo caso, a quienes las lleven a cabo.
Pero el Estado mexicano es muy curioso. Se da a sí mismo un régimen de monopolio en actividades como la generación de electricidad, la extracción de petróleo crudo o la distribución de gasolina. Se dedica a manejar teatros, aerolíneas, bancos, agencias de noticias y productoras cinematográficas, entre otras empresas. Cuenta con más de cuatro millones de trabajadores y empleados en todos sus órdenes (federal, estatal, municipal) y ramas (administración pública, paraestatales, organismos desconcentrados, instituciones autónomas y demás). Sin embargo, ha abandonado casi por completo la tarea de proporcionar seguridad y justicia a los gobernadores.
México tiene oficialmente un nivel de impunidad de 94 por ciento sobre delitos denunciados. Pero dado que sólo una fracción de los delitos se registran ante la autoridad, la tasa real de impunidad se estima en alrededor de 98 por ciento. Esta cifra, sin embargo, supone que los presuntos delincuentes que finalmente son detenidos, consignados y condenados son realmente responsables de los delitos que se les achacan. Si un número importante de los condenados son realmente inocentes, la cifra de impunidad se eleva a niveles cercanos al 100 por ciento. Y no sólo eso, sino que el Estado, que debería ser el protector de los derechos de los gobernados, se convierte, al privar a inocentes de su libertad, en un criminal.
Por todo lo anterior inquieta la confesión de Juan Carlos Acosta Ortega, apodado El Burgués, quien ha reconocido la comisión del homicidio de Alejandro Ortiz, hermano del gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz. Dos jóvenes, Sergio Javier Ibarra López y Ulises Ramsés Cámara, se encuentran ya sentenciados y purgando largas condenas por este crimen. Las grabaciones que se han dado a conocer de la confesión de El Burgués dejan pocas dudas acerca de su responsabilidad. Él mismo, sin ningún tipo de presión o ayuda, fue dando los detalles de cómo había ocurrido el crimen. Y no puede argumentarse que se beneficia de alguna manera de su confesión.
El actual procurador capitalino, Bernardo Bátiz, ha desestimado la importancia de la confesión de Acosta. Ha señalado que se hizo frente a la policía y no ante ministerio público, por lo que carece de valor legal. Ha añadido que no hay nada de irregular o de doloso en el proceso que se siguió en contra de los dos jóvenes ya sentenciados. La procuraduría, entonces a cargo de Samuel del Villar, hizo la investigación, presentó pruebas —entre las cuales la crucial fue el testimonio de una mujer— y éstas fueron aceptadas por un juez. Los sentenciados, señala Bátiz, tienen la posibilidad de salir en libertad si se comprueba realmente que El Burgués llevó a cabo el homicidio. Claro que el proceso puede durar todavía un año o más. Y mientras tanto, los dos jóvenes, que llevan ya cuatro años en la cárcel, seguirán pagando por un crimen que no cometieron.
Es difícil separar el caso de Alejandro Ortiz del de Paco Stanley. En este último ha quedado demostrado que Del Villar acusó a cuatro inocentes con el testimonio de un testigo falso y los mantuvo en la cárcel hasta que un juez determinó su inocencia. La gran pregunta es si esta acusación falsa fue un hecho aislado, producto de un error legítimo o de los cuestionamientos públicos que se le hicieron al Gobierno del Distrito Federal por el asesinato de Stanley, o parte de una conducta sistemática. Si también son inocentes los acusados en el homicidio de Alejandro Ortiz, podría estarse descubriendo un patrón de fabricación de culpable para “resolver” casos importantes.
Pero ¿cuántos inocentes más están pagando en nuestro país condenas por crímenes que no cometieron? Si el número es muy alto, la impunidad será superior a la que sugieren los cálculos más pesimistas. Y no solamente se estarán cometiendo grandes injusticias en contra de inocentes, sino que nuestro Estado seguirá haciendo mil actividades innecesarias mientras que deja de cumplir con su labor fundamental de proporcionar seguridad y justicia al gobernado.
Iniciativas
Hasta este momento el PAN es el único partido que ha sometido formalmente una nueva iniciativa fiscal. El PRD dice que lo va a hacer, pero no lo ha hecho todavía. El PRI parece no tener más propuesta que la de modificar alguna de las ya existentes. En 12 días el Congreso deberá hacer lo que no hizo en tres meses y medio.
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