WASHINGTON, (Reuters).- La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el lunes que escuchará una apelación de los detenidos en la guerra de Afganistán que están en la prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba, sin ser sentenciados ni enjuiciados.
Esta es la primera vez que la alta corte acuerda revisar un caso que es resultado directo de las políticas del presidente George W. Bush en su guerra contra el terrorismo.
Los jueces acordaron revisar una ley que dicta que las cortes de Estados Unidos no tienen jurisdicción para escuchar reclamos de un grupo de prisioneros detenidos sin acceso a abogados o a sus familiares, y sin que se les haya enjuiciado o dictado sentencia. La Corte Suprema escuchará durante una hora argumentos del caso el próximo año y tiene previsto anunciar su decisión a fines de junio.
Los jueces dijeron en una declaración escrita que decidirán "si las cortes de Estados Unidos tienen o no jurisdicción para considerar alegatos sobre la ilegalidad de las detenciones de extranjeros capturados en conexión a actos hostiles y encarcelados en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba".
Las apelaciones que atenderá la Corte Suprema son las de dos británicos, dos australianos y 12 kuwaitíes que forman parte del grupo de aproximadamente 660 detenidos originarios de 40 países, y que están presos en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, luego de su captura durante la guerra de Afganistán.
Estados Unidos considera que los detenidos son combatientes enemigos y no prisioneros de guerra con derecho a la protección específica de las leyes internacionales. Entre los detenidos, Washington ha identificado a un puñado de presos y está considerando juzgarlos en tribunales militares.
Los detenidos fueron capturados durante la campaña militar liderada por Estados Unidos contra el gobierno del Movimiento Talibán en Afganistán y la red Al Qaeda, del militante islámico de origen saudita Osama bin Laden, tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Los primeros detenidos llegaron a Guantánamo en enero del 2002.
LA LEY INTERNACIONAL
Los abogados de los dos británicos, los dos australianos y los 12 kuwaitíes dijeron que la Constitución de Estados Unidos y las leyes internacionales prohíben la detención de prisioneros sin brindarles cierta protección.
Los británicos y australianos buscan ser liberados de lo que llamaron "una injusta detención" y pidieron una orden de la corte que obligue a los militares a permitirles ver a sus abogados en privado.
Los kuwaitíes buscan una orden de la corte que les permita ver a sus familiares, y que obligue a los militares a informarles sobre cualquier cargo que se les impute, así como ver a sus abogados en privado y tener acceso a otras cortes o a tribunales imparciales.
Un juez federal desestimó las demandas bajo la premisa de que la base militar está fuera del territorio soberano de Estados Unidos y que el recurso de habeas corpus no puede aplicarse a extranjeros fuera del territorio estadounidense.
Una corte de apelaciones de Estados Unidos le dio la razón al juez y dictaminó que los detenidos no pueden buscar su liberación por violaciones a la Constitución, o por leyes internacionales o federales, porque no tienen derecho a presentar apelaciones en cortes estadounidenses.
En nombre de los demandantes británicos y australianos, Michael Ratner, del Centro de Derechos Constitucionales con sede en Nueva York, dijo que "cualquiera que esté en prisión debe tener el derecho de verificar la legalidad de su detención".
Los abogados de los demandantes británicos y australianos dijeron en la apelación escrita presentada en la Corte Suprema que "Estados Unidos creó una prisión en la Bahía de Guantánamo que opera totalmente fuera de la ley".
En la apelación de los kuwaitíes, los abogados dijeron que el caso "levanta dudas acerca de nuestra postura ante el mundo sobre estas delicadas cuestiones".
Un grupo de jueces federales estadounidenses retirados, así como diplomáticos, militares de alto rango y activistas de los derechos humanos dieron su apoyo a las apelaciones e instaron a la Corte Suprema a escuchar el caso.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió sus políticas y el trato dispensado a los detenidos en Guantánamo.
El fiscal Theodore Olson opinó que las apelaciones deben ser rechazadas y argumentó que los reos de Guantánamo no pueden invocar la jurisdicción en una corte estadounidense para desafiar la legalidad de sus detenciones a cargo del ejército de Estados Unidos.