La multa establecida por el Instituto Federal Electoral a los partidos de la denominada Alianza Por el Cambio, que llevó a Vicente Fox a la Presidencia de la República, no tiene precedente por tratarse de una medida severa asumida por el IFE, en contra de los partidos que llevaron al poder a un gobierno en funciones.
La sanción deja incólume la validez de la elección presidencial del año dos mil, lo que implica que ratifica la validez de dicha elección y se limita a castigar lo que se considera un exceso en los gastos de campaña de los partidos involucrados a saber: Acción Nacional y Verde Ecologista, que de esta suerte resultan sancionados con trescientos sesenta y ciento ochenta y cuatro millones de pesos respectivamente.
Es cierto que se trata de una resolución que aún no es definitiva, porque consiste en un dictamen que deberá ser objeto de ratificación por el Consejo General del Instituto, en una reunión que está programada para el viernes próximo.
Una vez ratificado el dictamen, si tal fuere el caso, los partidos sancionados podrán impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, lo que deja en manos de dicho Poder la decisión final.
Las reacciones manifestadas por los distintos protagonistas de este episodio, muestran diversos grados de inconformidad. Dos de los Consejeros del IFE Jaime Cárdenas y José Barragán, se abstuvieron de apoyar el sentido del dictamen y razonaron su voto en tal sentido, porque a su juicio la investigación no alcanzó el grado de profundidad que el caso amerita.
Por su parte el Partido Acción Nacional anuncia que combatirá la resolución que es objeto de comentario, insistiendo en que los dineros recaudados por la asociación civil Amigos de Fox durante la precampaña, no deben ser sumados a los recursos empleados por la Alianza por el Cambio, dado que no existe regulación legal al respecto. Este argumento deberá ser analizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en su momento y seguramente sentará un precedente que llenará la laguna legislativa que al respecto existe.
La reacción del Partido Verde se antoja absurda, en la medida en que su argumento de defensa se orienta a deslindar su posición de sus aliados el Partido Acción Nacional y del Candidato que ambos partidos llevaron al poder o visto desde otro punto de vista, del Candidato que llevó al poder a los partidos en mención.
Esta última afirmación cobra plena validez en el caso del Partido Verde Ecologista, porque es evidente que dicha organización política por sí sola, no habría podido conseguir el impulso que obtuvo con su adhesión a la Alianza por el Cambio, tanto en términos de posiciones de representación proporcional en el Congreso de la Unión, como en la disposición de recursos públicos.
Esta actitud del Partido Verde es absurda como casi todo lo que se relaciona con dicho partido, porque no es lógico que quien participe de una alianza o de cualquiera otra forma de asociación con sus semejantes, pretenda alcanzar los beneficios y eludir responsabilidades, lo que acusa deslealtad y carencia del sentido crítico más elemental.
Sea cual fuere el desenlace final de esta historia en el sentido de que la resolución que es objeto de comentario prevalezca o sea revocada en virtud de los recursos legales que existen, lo cierto es que las cosas están cambiando para bien en nuestro país y lo comentado es sólo un botón de muestra. Lo anterior sea dicho, al tiempo de reconocer que el referido cambio no se ha realizado ni se produce al ritmo que demandan las circunstancias y los deseos de los ciudadanos.
Ejemplos de esta insatisfacción referida al caso que nos ocupa, los encontramos en las distintas opiniones de los diversos protagonistas que se pronuncian en hacer resaltar los puntos de desacuerdo con dicha resolución que para cada uno de ellos y de acuerdo a su particular criterio, son o serán objeto de crítica o impugnación.
En eso consiste el Estado de Derecho, que implica la vigencia de reglas claras aplicables para todos y cuya administración corre a cargo de órganos imparciales e independientes del poder político central. Es preciso reconocer tales avances e impulsar la marcha hacia adelante, aunque los cambios sólo ofrezcan como resultado un Estado de Derecho y no un estado de inalcanzable perfección.