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MÉXICO, D.F.- Actualmente sólo nueve entidades del país han aprobado legislaciones relativas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, cuando incluso ya se prepara el reglamento de esta normatividad.
Mientras que en otros ocho estados se presentaron ya los proyectos de ley ante los congresos locales respectivos, de acuerdo con un informe de la organización nacional Proyecto Atlatl, especializada en temas contra la corrupción.
El documento señala que “si bien estos esfuerzos constituyen en sí un avance considerable, la adopción de una Ley de Acceso a la Información representa tan sólo la fase inicial para la eventual consolidación del derecho de acceso a la información”.
Detalla que “se requiere diseñar y ejecutar una estrategia de instrumentación de la ley en cuestión, que permita a los órganos del estado cumplir en tiempo y forma las disposiciones a las que están sujetos”.
El documento refiere que para concretar estos esfuerzos a nivel estatal, “es necesario que se haga una difusión amplia del contenido de la ley en toda la administración pública y particularmente hacia quienes fungirán como encargados del acceso a la información”.
En este sentido destaca la importancia de que se asuma la aplicación de la ley como una política prioritaria, ya que “en culturas administrativas poco acostumbradas al escrutinio público, es probable que se presente un rechazo inicial en el seno de las dependencias y entidades de gobierno a apoyar los esfuerzos de implantación de la ley”.
Una de las causas que pudiera provocar este rechazo, advierte la organización, es que “las leyes de acceso a la información sujetan a los servidores públicos a nuevas obligaciones que no son generalmente percibidas como parte integral de sus funciones, sino como cargas adicionales de trabajo a las que no siempre se les otorga la importancia requerida”.