A empujones tratan de impedir el paso a directora de escuela
GÓMEZ PALACIO, DGO.- A pesar de los empujones y jaloneos, la directora de la primaria Emilio Carranza, entró al plantel ayer por la mañana; esta vez quienes rechazan su presencia no midieron los alcances de su enojo y algunas niñas también resultaron víctimas de los atropellos.
Con la intención de hacer válida su advertencia de impedirle el ingreso al plantel a la directora Alicia Murga, un grupo de personas encabezadas por Joel Villarreal, del Consejo Coordinador Obrero Popular, se apostó desde las siete de la mañana afuera de la escuela.
Poco antes de las ocho, cuando Alicia Murga entraba al plantel, se abalanzaron contra ésta, aunque para entonces las madres y padres de familia habían formado una valla para protegerla y permitirle el acceso.
Alejandro Hernández Mireles, padre de Adilene Hernández Pérez, alumna de primer grado, denunció que apenas había dejado a su hija en la puerta de la escuela cuando tuvo que devolverse, pues su pequeña fue empujada y tirada al piso por una mujer de nombre Alejandra, de quien se dijo es la esposa de Joel Villarreal, mientras ésta lanzaba gritos y trataba de alcanzar a la directora para evitarle la entrada.
En medio del zafarrancho entre quienes se oponen y apoyan a la directora, otras niñas fueron jaloneadas; algunas entraron a clases asustadas y llorando, mientras que, sabiendo la situación que se vive en el plantel, muchos padres y madres optaron por llevarse a sus hijas de regreso a casa.
Madres de familia denunciaron que desde muy temprano se comunicaron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para solicitar la presencia policíaca, para evitar que se diera este tipo de incidentes, pero los elementos nunca llegaron.
Incluso, días atrás se había mencionado que la reinstalación tanto de Alicia Murga como de la profesora de tercero, María Elena Díaz, sería apoyada con vigilancia para evitar más enfrentamientos, situación que no se presentó.
Las mujeres recordaron que el grupo de Joel Villarreal tiene varias órdenes de aprehensión acumuladas en su contra, pero que éstas no se han ejecutado y no se sabe por qué.
“La solución es que se lo lleven detenido... sólo así se nos acabarán estos problemas”, dijo una de ellas.
José Antonio López, padre de dos niñas de la Emilio Carranza, manifestó que todo esto es generado por el capricho de ocho o diez personas inconformes que reciben dinero de un grupo político para crear problemas.
Después de las ocho y media, cuando el contingente de padres había partido hacia la Subsecretaría de Educación y el grupo de Cocopo permanecía ahí, el coordinador operativo de la DSPM, Romeo Velasco, acudió al lugar sólo para tomar video, pero Joel Villarreal hacía lo imposible por esconderse de la cámara.
Daño psicológico
Everardo Saucedo consideró que las más afectadas con el conflicto son las alumnas de la escuela, puesto que se les está ocasionando un serio daño psicológico.
El mismo planteamiento hicieron los padres y madres de familia que tras el zafarrancho, fueron a la Subsecretaría de Educación para exigir, otra vez, soluciones efectivas.
Las madres de familia destacaron que las niñas frecuentemente aducen sentirse mal mientras están en la escuela, pero los doctores no encuentran signos de ningún padecimiento. “Es el resultado de todo lo que han visto cuando acuden a clases”, argumentaron.
Aunque demandaban una entrevista con el subsecretario, Fermín Cuéllar, el grupo fue atendido por el subdirector de Educación Básica, Miguel Gerardo Rivera, quien después de escuchar los reclamos y las exigencias les dijo que si algunos tenían interés, la autoridad podía intervenir para reubicar a sus hijas a otras escuelas.
Reconoció que el Cocopo ha creado serios problemas en la institución y sugirió al padre de Adilene denunciar penalmente lo ocurrido.
José Antonio López le dijo que los padres de familia habían sido muy tolerantes esperando que durante más de diez meses se dieran soluciones, tomando en cuenta los fundamentos legales que hay para que se actúe contra quienes han causado los problemas, pero que si alguna de las niñas volvía a ser víctima de las agresiones de esa gente, podría haber una respuesta violenta, ya que hasta ahora la autoridad no ha dado ninguna garantía de que las menores acudan a recibir educación a un lugar seguro.
“Se pasan la bolita”
En la Subprocuraduría de Justicia, los agentes del Ministerio Público prefieren evitar las denuncias relacionadas con el caso de la primaria Emilio Carranza. Ayer, Alejandro Hernández Mireles, padre de una pequeña afectada, batalló para que atendieran su problema.
A las 10:30 horas, Alejandro Hernández llegó a la dependencia estatal en compañía de su hija Adilene, de seis años. La niña fue “arrollada” por la gente que estaba afuera de la primaria y se manifestaba a favor y en contra de la directora Alicia Murga Calvo.
La pequeña no fue la única perjudicada, pero sí la que llevó la peor parte. Al intentar denunciar el hecho, el afectado fue enviado con Guillermo Ruiz Hernández de Delitos Diversos mesa dos, pero el representante social intentó evadir su trabajo agendando la denuncia para la semana próxima.
Después fue enviado con Aurelio Urbina Suárez, titular de la mesa uno de Delitos Diversos, el agente no estaba en turno y Alejandro Hernández tuvo que esperar. El subdirector de Averiguaciones Previas ordenó que Óscar Menchaca Lara, agente de Delitos contra la Vida y la Salud de las Personas, levantara la denuncia.
El funcionario pidió el certificado médico de la niña de seis años, no hubo señas de violencia física, dos horas después, fue Ruiz Hernández, quien finalmente “hizo el favor” de atender al quejoso.