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WASHINGTON, EU.- La Casa Blanca estudia fórmulas que permitan “una política migratoria que ayude a relacionar a empleadores dispuestos con cualquier empleado deseoso”, dijo hoy el presidente George W. Bush al rechazar una “amnistía general” para indocumentados.
“Estamos en proceso de trabajar eso para poder hacer una recomendación al Congreso”, expresó Bush sin entrar en mayores detalles.
Pero así confirma prácticamente señalamientos hechos la semana pasada por el secretario de Seguridad Doméstica, Tom Ridge, en torno a que habría que dar “algún tipo de situación legal” a los inmigrantes indocumentados en este país y anuncios de que la Casa Blanca prepara un impulso al tema.
“En el fondo es que como país tenemos que darnos cuenta de la presencia de ocho a doce millones de ilegales, darles de alguna forma algún tipo de situación legal, pero también como país decidir cuál es nuestra política de migración y aplicarla”, agregó Ridge en Miami.
El señalamiento de Bush parece reflejar además una propuesta de ley presentada este año por el senador John McCain y los diputados Jim Kolbe y Jeff Flake, todos ellos republicanos.
La propuesta de los legisladores, que se asegura es favorecida por la Casa Blanca, “no es una amnistía pero está diseñada para asegurar que ya no tengamos una clase subterránea de inmigrantes indocumentados”, declaró McCain.
La legislación incluye un programa de “trabajadores invitados”, de hecho contratados de antemano, que al facilitar el paso legal de personas ayudaría a un mayor control de las fronteras, especialmente con México.
Los empleadores pagarían un “depósito” de 500 dólares por cada trabajador contratado y se comprometerían a publicitar el empleo ofrecido antes de buscar un trabajador extranjero.
De acuerdo con la propuesta, al crear una estructura legal para el flujo de inmigrantes y eliminar virtualmente a los “coyotes” y la necesidad de cruzar el desierto, se liberan recursos de vigilancia para enfocarlos en contra delitos, como narcotráfico y terrorismo.
Igualmente, crearía dos categorías de visa, una para trabajadores extranjeros y otra para indocumentados que ya viven aquí. En la primera, el “trabajador invitado” podría entrar y salir periódicamente de los Estados Unidos pero no traer a su familia excepto bajo circunstancias muy específicas.
En cuanto a lo que podría considerarse como un proceso de regularización, el solicitante deberá probar que tiene empleo y que no ha tenido problemas con la ley, amén de pagar una cuota de mil 500 dólares.
De acuerdo con lo dicho por Ridge, no se propone que se les dé la ciudadanía, toda vez que “violaron nuestras leyes para llegar aquí... no se recompensa esa clase de conducta”, pero sí opinó que lo posible sería “legalizar su presencia” y entonces, como país, “hacer la decisión de que de este día en adelante, este es el proceso de entrada y si se viola ese proceso tenemos los recursos para enfrentarlo”.
La cuestión migratoria estará presente en las campañas electorales del próximo año, de acuerdo con declaraciones de Kolbe