Los documentos que comprueban que laboraron en territorio estadounidense están en manos de personas que prometieron hacer los trámites
SALTILLO, Coah.- Aproximadamente 8 mil ex braceros que trabajaron en los Estados Unidos entre 1942 y 1964, mediante el programa especial entre el vecino país y México, están en riesgo de perder los apoyos de 60 mil pesos que les ofreció el Congreso de la Unión, debido a que sus papeles que comprueban que laboraron en territorio estadounidense están en manos de personas que prometieron hacerles trámites para conseguirles la pensión, y que no se los regresan si no les pagan una determinada cantidad que no pueden liquidar.
Así fue denunciado ayer en la reunión que sostuvieron en el Congreso local braceros que participaron en este programa, originarios de San Pedro, y una comisión de diputados formada por los legisladores Salomón Juan Marcos Issa, Carlos Tamez Cuellar y Hugo Martínez.
Más de 150 ex braceros, en algunos casos las viudas de los ex trabajadores agrícolas, tomaron pacíficamente el edificio nuevo del Poder Legislativo, para obligar a los legisladores a sostener una reunión con ellos y para exigir la presencia de funcionarios de la delegación de Migración.
Los ex braceros explicaron que entre 1942 y 1966, miles de trabajadores agrícolas mexicanos, por acuerdo de México y Estados Unidos, se fueron a trabajar al vecino país de manera legal, y que cada mes se les descontaba el 10 por ciento de su salario para su envío a México.
El problema, según explicaron, fue que en alguna parte de México se perdió ese dinero, y que jamás llegó a su manos un solo centavo de los que se les rebajó a manera de fondo de ahorro.
Indicaron que durante años han intentado recuperar sus ahorros, pero que el gobierno federal los ha abandonado por completo, y que nadie parece apoyarlos “porque estamos muy viejos y ya nos vamos muriendo”, dijo uno de ellos.
Agregaron que ahora el Congreso acordó la entrega de una pensión de 60 mil pesos, como compensación a los que participaron en dicho programa de cooperación binacional, pero que requieren que la Segob instale módulos en San Pedro para la recepción de sus papeles que comprueban su pasada estadía en el vecino país, como trabajadores agrícolas
Los legisladores los escucharon, y solicitaron la presencia de la delegada de la Segob, Amparo Espinosa Gonzáles, la que llegó casi de inmediato al recinto legislativo para reunirse con los quejosos.
La delegada, Espinosa Gonzáles, les aclaró que la decisión de instalar módulos de recepción en los municipios es decisión del Congreso de la Unión, debido a que Gobernación sólo actúa como intermediaria para recoger la papelería que deben entregar los ex braceros para que les otorguen la pensión.
Uno de sus líderes, Francisco Gonzáles Mata, dijo que la papelería de ocho mil ex braceros esta en poder “de personas como Mario Sosa Cárdenas y Angel Cano Morales, de San Pedro; y Carlos Marentes, de El Paso, Texas”, quienes ahora les cobran dinero para recuperarla.
Luego de un diálogo tranquilo de más de media hora, la representante de Gobernación y los quejosos, acordaron que enviarán en paquetes con personas de confianza su papelería que los acredita como ex braceros, a las oficinas de la Segob en Saltillo.