REUTERS
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- Venezuela pidió formalmente a República Dominicana que investigue una supuesta trama de golpe de Estado urdida en el país isleño contra el presidente Hugo Chávez, dijo ayer el canciller dominicano, Frank Guerrero Prats.
El presidente dominicano, Hipólito Mejía, descartó la semana pasada que desde su país se conspirara contra Chávez y el domingo pidió que las denuncias que le hizo su colega venezolano se realizaran por los canales diplomáticos. El canciller Guerrero Prats dijo a periodistas que el pedido formal de investigación venezolano se había transmitido a los organismos correspondientes para su pesquisa.
Mejía ha declarado que la denuncia obedecía al “síndrome” que, dijo, tiene Chávez con el ex mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, quien reside alternativamente en Santo Domingo y Nueva York y ataca frecuentemente al gobernante de su país.
El entredicho ha subido de tono y la semana pasada Chávez dijo que el presidente dominicano había “respondido de una manera un poco ligera a mi alerta”, insistiendo en que “en su país se conspira contra Venezuela, funcionarios de su gobierno apoyan esa conspiración”.
Sin embargo, el canciller dominicano descartó ayer que los vínculos entre los dos países se vean afectados.
“Hemos tenido relaciones muy sólidas con Venezuela. Han sido, además, relaciones que venimos abonando con el tiempo para que cada día sean más beneficiosas”, declaró.
Guerrero Prats reconoció sin embargo, en una aparente alusión a Pérez, que había pronunciamientos que inquietan a las autoridades de las dos naciones.
El diplomático indicó además que la Cancillería está procesando la solicitud de asilo en favor del ex mandatario ecuatoriano, Gustavo Noboa, a la luz de los convenios internacionales de los que ambos países son signatarios.
Externó que en la medida que los documentos sean procesados se irá estableciendo todo lo que es el protocolo para luego proceder por la vía oficial respecto a la solicitud del ex mandatario Gustavo Noboa (2000-2003).
Noboa, de 66 años de edad, fue acusado en Ecuador de supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa pública que causaron pérdidas al Estado por nueve mil millones de dólares.
La imputación en contra del político fue planteada por el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) ante el Parlamento de Ecuador el pasado 21 de mayo, en calidad de diputado. El gobierno del presidente Lucio Gutiérrez ordenó una investigación judicial.