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MÉXICO, DF.- Al cumplirse ayer 30 días en que fueron tomados, de forma violenta, dos inmuebles del SNTE, el coordinador del Departamento Jurídico de ese sindicato, Fernando García Meraz, urgió a la PGJDF a dejar la pasividad e ineptitud y actuar conforme la ley para que les regresen esos edificios.
Indicó que la conducta desplegada por los involucrados en la toma de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) se encuadra en lo estipulado en el Código Penal del Distrito Federal, lo cual ha pasado inadvertido para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Este hecho, mencionó, constituye un posible encubrimiento del comportamiento delictivo de los agresores, al no actuar de manera legal, de acuerdo a las normas previamente establecidas y por tanto se podría traducir en negligencia e ineptitud por parte de la procuraduría capitalina.
En un comunicado, el SNTE recordó que la denuncia fue presentada el 15 de mayo pasado en la agencia 50 del Ministerio Público, con el número FACI/50T3/953/03-05, por los delitos de despojo, daño a la propiedad, privación ilegal de la libertad y lesiones, tipificados en el Código Penal del Distrito Federal.
Lamentó que la procuraduría capitalina no actúe conforme a lo establecido en los artículos 94 al 96 del Código Penal, ya que pese a la flagrancia que existe, a la fecha no se han realizado las inspecciones oculares en los inmuebles.
Tampoco, dijo, se ha dado fe de los vestigios que arroja el delito perpetrado, ni se han girado los oficios de presentación de los presuntos responsables.
Abundó que desde el mismo momento de la presentación de la denuncia, se manifestó ante el órgano investigador que tomando en consideración que los sujetos que cometieron el delito aún se encuentran invadiendo de manera ilegal el inmueble, se pidiera la intervención de la Policía Judicial para que localizara y presentara a los presuntos responsables.
García Meraz dijo que de acuerdo con el agente del Ministerio Público encargado del caso, la PGJDF no ha actuado porque “el procurador general de justicia no nos ha dado línea, ya que se trata de un asunto político”.
Este argumento, puntualizó, viola, por sí mismo el Artículo 21 de la Constitución Política, ya que en él se establece que es facultad del Ministerio Público la persecución de delitos.