Consejo ciudadano debe tener mayor injerencia en la toma de decisiones.
TORREÓN, COAH.- Coparmex Laguna y el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada(CLIP) exigieron ayer al gobierno de Guillermo Anaya, moralidad, ética y legalidad, porque es lo menos que debe darle a una sociedad harta de autoridades que simulan.
Por ese motivo y a nombre del Centro Empresarial de La Laguna, Arturo Gallegos Salcido, y Roberto Rodríguez, Presidente del CLIP, solicitaron que se aplique la Ley hasta sus últimas consecuencias en el supuesto tráfico de influencias y violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, “caiga quien caiga”.
“Los actuales problemas por los que atraviesa la administración municipal no son cuestión de percepción, no es por motivos políticos y por ello, lo mejor es que se haya pedido la intervención de especialistas en la materia como el Congreso del Estado y la Secretaría de la Contraloría para que se deslinden responsabilidades y se aplique la Ley”, dijo Arturo Gallegos Salcido, quien agregó, “se le exige más a esta administración, porque deseamos y queremos un gobierno diferente”.
Para Roberto Rodríguez Cruz hay situaciones que deben aclararse y sería interesante saber qué dicen al respecto los titulares Fernando Alatorre y el director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, cuya empresa Jimsa, realiza los trabajos de reparación de los colectores colapsados.
“Si hay responsabilidades, que se castigue legalmente y se proceda a la destitución del cargo de los responsables, pues ya quedó suficientemente aclarado que la situación de contingencia para reparar 24 colectores dañados por las recientes lluvias no implicaba que se asignaran obras a familiares del director del Simas, Fernando Alatorre”.
El presidente del CLIP dijo que los empresarios esta semana solicitarán entrevistarse con el alcalde, Guillermo Anaya, para pedirle que hable y explique lo que hasta ahora no ha podido hacer, ya que a toda costa ha protegido a los funcionarios señalados en irregularidades.
Transparencia, “es todo lo que pedimos los empresarios, que se aclare y las dudas queden satisfechas a la vez que se despejan sospechas de que algunos puestos públicos se están utilizando para beneficiar a familiares y amigos”.
Que se “oxigenen” los consejos ciudadanos
Arturo Gallegos Salcido expuso la necesidad de que se “oxigenen los diferentes consejos ciudadanos empezando con el del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) a fin de que no sean meramente consultivos, sino discutan, decidan y se hagan corresponsables en las decisiones que se tomen.
“No se puede ser juez y parte”, además hay otro dicho en el sentido de que “no nada más hay que serlo, hay que parecerlo”, refiriéndose a la empresa de Darío Jiménez Berumen, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) y consejero del Simas.
Para Arturo Gallegos Salcido, respecto a las asignaciones de obra directa del Simas para la reparación de los colectores “caídos” a José Jiménez Saracho, hermano de Eduardo Jiménez Saracho, propietario de la empresa Jimsa, actualmente titular de Desarrollo Urbano, puede ser una simulación, un tráfico de influencias o abuso del poder, “lo que sea, pero en ninguno de los casos, vamos a solaparlos”.
¿Comparecencia?
No fue comparecencia, “sino una muestra de la apertura del Municipio hacia el sector empresarial”, la presentación del sistema de control computarizado mediante el cual se realizan las licitaciones para las obras públicas, según Gerardo Berlanga Gotés.
El director de Obras Públicas expresó que “tampoco viene en ningún acto de desagravio”, pero era importante que los empresarios sepan los procesos de control que se realizan actualmente en el Municipio a través de un sistema de software que es el único que existe en su tipo en Torreón y sólo se maneja en instituciones grandes como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ayer, Gerardo Berlanga estuvo con los miembros del sector empresarial local en la reunión quincenal del CLIP, en la cual se le plantearon diversos cuestionamientos respecto a lo que refiere la Ley en las cuestiones de licitaciones públicas, así como los casos en los que se realizan asignaciones directas de obra.
Según él y respecto al tema obligado a tratar en la reunión de los empresarios acerca de la responsabi-lidad del Simas en la asignación de obras directas, destacó la fuerte responsabilidad de un organismo paramunicipal, atender una situación de contingencia o poner en riesgo la salud de los ciudadanos al colapsarse un colector.
No abordó el aspecto de la legalidad o equivocaciones que se pudieron haber dado, pero destacó la necesidad de tener una rápida capacidad de respuesta y la disyuntiva en la que se puede ver un funcionario público limitado además para dar una cobertura de servicio, eficiente y oportuna.