REVISADA
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Madres de alumnas de la escuela primaria “Emilio Carranza” demandaron a los funcionarios estatales que se solucione, de una vez por todas, la intromisión de un grupo político en el plantel, al advertir que el pasado jueves se registró un conato de agresión y que este tipo de acciones deja en riesgo la seguridad de las pequeñas.
El reclamo se hizo al Gobernador de la entidad cuando éste llegaba al centro de convenciones “Francisco Zarco” para presidir la entrega de apoyos a escuelas, ante lo que Guerrero Mier respondió que se tomarían las medidas necesarias.
La demanda fue encabezada por dos grupos de mujeres, unas representadas por la lideresa Guadalupe Vallejo y otras por David Sosa Guzmán, coordinador de la Central Campesina, Urbana, Democrática y Popular (Ccudepo.)
Nelda Irma Aceves dijo que aunque los integrantes del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) entregaron las instalaciones del plantel, mantienen el acoso sobre la directora Alicia Murga Calvo y quienes revisan los resultados de la auditoría que se le practicó por parte de la Contraloría del Estado.
Las madres de familia denunciaron que el pasado jueves, poco después de la una de la tarde cuando las niñas salían de clases, Joel Villarreal y otros dirigentes de Cocopo se presentaron en la escuela con bates y trataron de agredir físicamente a la directora de la escuela, sin tomar en cuenta que con ello ponían en riesgo la seguridad de las pequeñas.
Aseguraron que de ese hecho se había presentado una denuncia penal en contra de los dirigentes de la agrupación y las cinco maestras disidentes que los apoyan.
Las quejosas consideraron que la Cocopo sólo está poniendo en riesgo el funcionamiento de la escuela y la educación de las niñas y que no se muestran satisfechos con nada a pesar de que como resultado de la toma de instalaciones del plantel, el gobierno estatal determinó revisar la auditoría con la que están inconformes.
Hasta entonces, dijeron, las autoridades educativas han actuado con tibieza, pues los funcionarios están conscientes de que el problema se deriva de la intervención de un grupo político, pero lejos de aplicar la Ley les han atendido todas sus exigencias, sin tomar en cuenta los perjuicios que se están ocasionando a la labor educativa.
Las mujeres advirtieron que de no obtener una reacción más drástica por parte de la autoridad, se tomarían otras medidas para erradicar de la escuela la presencia de la Cocopo en forma definitiva.