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LA PAZ, BOLIVIA.- El cabecilla de las protestas nacionales, Evo Morales, exigió ayer que se instale un gobierno parlamentario indígena tras el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que él da por seguro.
El mandatario abrió negociaciones con su socia Nueva Fuerza Republicana en pos de que permanezca en la coalición, después que el lunes anunció su alejamiento.
El líder de la NFR, Manfred Reyes Villa, dijo que el presidente responderá hoy a su propuesta de someter el negocio del gas a un referéndum y de llamar a una asamblea constituyente “para pacificar el país”.
El gobierno se mantiene con el apoyo del partido del mandatario, Movimiento Nacionalista Revolucionario, de su aliado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además del ejército y la policía. También el gobierno de Estados Unidos y la OEA le han expresado su respaldo.
Paralelamente, campesinos marchaban desde Oruro, 220 kilómetros al sur, y Los Yungas, 100 al norte, hacia La Paz para pedir también la renuncia del mandatario.
Pero Morales, pese que fue el primer día sin enfrentamientos y sin bajas denunciadas después de tres jornadas cruentas, arreció el tono de sus exigencias.
Señaló, como si gobernara, que arraigará a Sánchez de Lozada y que hará que sea condenado “a 30 años de prisión sin derecho a indulto” por supuestas responsabilidades en la muerte de 140 personas durante su gobierno, inaugurado en 2002.
La cantidad de muertes registradas desde el 15 de septiembre cuando se iniciaron las protestas, entre 48 y 63 según la prensa, ha enfurecido a los opositores y llevado a varios partidos de izquierda, encabezados por el Movimiento al Socialismo de Morales a insistir en la renuncia del mandatario.
La parálisis casi total de La Paz y El Alto podría ser paliada con la llegada de combustible al final de ayer. El vocero presidencial Mauricio Antezana informó que 22 camiones cisterna pudieron romper los bloqueos en ambas ciudades para llegar al centro paceño.
Señaló que también llegaron tubos de oxígeno para los hospitales, donde tres niños murieron por falta de él el lunes.
Las protestas se iniciaron hace un mes contra la posible exportación de gas a Estados Unidos y México, pero ahora se centran en la renuncia del presidente.
Morales advirtió en declaraciones a la prensa que Estados Unidos y la OEA son “corresponsables de la matanza” de bolivianos por haber apoyado al gobierno.
Indicó que el vicepresidente Carlos Mesa, ahora crítico de Sánchez de Lozada, sólo podrá asumir la presidencia si llama a una asamblea constituyente de pueblos originarios, nacionaliza la explotación de hidrocarburos y “recupera todos los recursos naturales”.
Mesa no ha respondido. Se desconoce su paradero desde el lunes, cuando se declaró disidente al gobierno.
Morales dijo que el movimiento de campesinos cultivadores de hoja de coca del Chapare ya salió a la vital ruta Cochabamba-Santa Cruz para bloquearla, incluso con la colocación de minas caseras, que, adelantó, ya han causado heridos entre la policía.
La posibilidad de que esto se concrete podría traducirse en la extensión del conflicto hacia la región de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, donde los efectos de la paralización en el occidente del país aún no se sienten.
Por tercer día consecutivo, el aislamiento por tierra que La Paz sufre desde hace una semana, debía sumarle la falta de comunicaciones aéreas, pues el Aeropuerto de El Alto, el único con el que cuenta, permanece cerrado desde el domingo y la autopista que une la ciudad con la alteña se encuentra bloqueada.
El gobierno sospecha que muchas de las movilizaciones son solventadas con dinero obtenido por Morales en el extranjero.
Morales indicó que los sindicatos están organizando tomas de los yacimientos mineros que la empresa de Sánchez de Lozada, Compañía Minera del Sur (COMSUR), explota en distintos lugares de Bolivia.
El efecto de la crisis política tiene escasas repercusiones en el oriente, cuya principal ciudad, Santa Cruz, desarrollaba el martes sus actividades con normalidad.
Otros sectores, como una organización de monjas y religiosos católicos, articulan acciones en favor de un llamamiento a la paz, pero de momento no se ha informado sobre nuevos intentos de mediación para acercar a las partes.
El presidente y Morales han rechazado la posibilidad de reunirse. El cocalero exige la dimisión del mandatario previo a cualquier negociación. Sánchez de Lozada sostiene que Morales dirige “un movimiento sedicioso” que busca instaurar “una dictadura sindical”.