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MÉXICO, DF.- El PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentará hoy miércoles un punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a dar cumplimiento al artículo Quinto Transitorio de la Ley del IPAB.
De esta forma, añadieron que se logrará la máxima reducción en el costo fiscal del rescate bancario al sustituir créditos irregulares.
Consideran necesaria la aplicación estricta del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB, de mayo del 2002, y relativo al esquema de revisiones de Gestión, Existencia y Legalidad (GEL).
El PRD también hace un llamado a los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, que participaron en el Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), a que se abstengan de intervenir en la toma de decisiones del IPAB en cuanto a temas relacionados con el rescate bancario.
Además, convoca al Ejecutivo Federal y a las Instituciones Bancarias a que faciliten la aplicación del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB y demás señalamientos realizados por los órganos de fiscalización.
Un exhorto más es para que el propio Ejecutivo federal a la brevedad posible y en cumplimiento de lo estipulado en la propia ley del IPAB, proponga a la Comisión Permanente al vocal independiente que deberá ocupar el lugar que dejó vacante Bernardo González Aréchiga.
, como un requisito que permita el correcto funcionamiento de la Junta de Gobierno del IPAB.
En el punto de acuerdo, el PRD recuerda que las reglas de operación a las que debería sujetarse el Fobaproa nunca fueron publicadas, y esta situación fue advertida por la Contaduría Mayor de Hacienda, en la Cuenta Pública de 1996, y la recomendación del contador mayor de Hacienda jamás fue atendida ni solventada.
También establece que de manera adicional a los hallazgos reportados en el informe del auditor canadiense Michael Mackey luego de la revisión al Fobaproa, la Auditoría Superior de la Federación “ha realizado importantes señalamientos en las revisiones efectuadas a la Cuenta Pública del 2000 y del 2001, que indican la existencia de graves irregularidades en la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera en Banamex, BBV-Bancomer, Bital y Banorte”.
Además, muchos de los señalamientos del auditor superior ya habían sido advertidos por el Órgano de Control Interno del IPAB, y ambos permitirían la reducción en el costo fiscal del rescate bancario, reduciendo la presión a las finanzas públicas, permitiendo con ello canalizar recursos al sector social y productivo.