Gómez Palacio, Dgo.- El diputado federal panista, Francisco Raúl Ramírez Ávila, dijo que se exigirá la conclusión de las investigaciones de la denuncia por adulteración de gasolina, para que se finquen responsabilidades en contra de los empresarios que incurrieron en esta práctica.
A su vez, descartó que el ex titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio, esté politizando al hacer público el caso, toda vez que una de las empresas señaladas en la investigación es la de la familia de Eduardo Olmos, candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Coahuila.
Ramírez Ávila dijo que desde el año pasado, la Secodam le había hecho saber que en este mes se darían a conocer los resultados de la investigación, la cual se llevó a cabo con absoluto hermetismo por parte de esa dependencia federal.
En su calidad de diputado federal, Ramírez Ávila, presentó en abril de 2002 una denuncia por adulteración de gasolina ante la Secodam, y aunque Barrio Terrazas informó el domingo que se trataba de 15 empresas de Coahuila, la realidad es que están involucradas 17 de éstas y que pertenecen a la región lagunera de Coahuila y Durango.
Según se expuso entonces, las empresas gasolineras vendían el producto mezclado con el solvente “L”, que es utilizado en el proceso de pavimento y que adquirían a 1.20 pesos el litro a una compañía de asfaltos de Torreón y que pertenece a la familia Nahle de Río Grande, Zacatecas.
El legislador reconoció que las investigaciones se desarrollaron lentamente, pues un año después se están dando a conocer los resultados.
Aunque la penalidad es laxa y benévola para quienes incurren en esta práctica delictiva, el ofrecer el producto adulterado, la Secodam deberá establecer la responsabilidad en que incurrieron los empresarios dueños de las despachadoras en las que se detectaron irregularidades.
De ser necesario, dijo, se exigirá que además de la sanción económica que ameriten, se cancelen las concesiones para seguir vendiendo el combustible.
Según el diputado panista, la denuncia sirvió para frenar los abusos que las 17 despachadoras estaban cometiendo en perjuicio de los consumidores, y esto se reflejó en la cantidad de pipas de combustible diarias que Petróleos Mexicanos surte diariamente a la región, pues antes de exponer el caso eran 80 vehículos y hasta hace dos meses, esta cantidad se elevó hasta 110 ó 120 pipas las que abastecen de gasolina a las estaciones de servicio.
De igual forma, dijo, la semana pasada se hizo una solicitud de investigación de la fuga de gasolina que el pasado 27 de febrero se registró en el ejido Noé de este municipio, pues existen sospechas de que el incidente haya sido producto de la sustracción clandestina del combustible por el oleoducto y no precisamente de una fisura en la tubería, como lo informó Petróleos Mexicanos.