“El Congreso del Estado no va a ser rehén de partidos ni grupos políticos y actuará conforme lo establece el marco jurídico de una manera imparcial, pero sin presiones de ninguna índole”, enfatizó el presidente de la Gran Comisión de la LXII Legislatura local, Octaviano Rendón Arce, al refutar señalamientos sobre supuestas irregularidades en el trato legislativo que se aplica al caso del municipio de Nazas.
A través de El Siglo de Durango regidores encabezados por el alcalde interino de Nazas, Gerardo Castillo, manifestaron inconformidad por el supuesto trato diferenciado de que es objeto la administración municipal, en el contexto de la resolución emitida por la Contraloría del Estado a la auditoría que aplicó, y la comisión especial de diputados que analizará, discutirá y dictaminará las observaciones que hiciera la entidad fiscalizadora.
Al respecto, Rendón Arce dijo que los ediles de Nazas “desconocen el marco jurídico” que norma la actividad legislativa. Explicó que la Comisión de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene competencia para conocer casos de procedencia de juicio político, cuando hay denuncia de por medio, y no de oficio.
En el caso de la resolución que emitiera la Contraloría sobre la administración municipal de Gerardo Castillo, no contiene hechos que se puedan tipificar como delito, sino simplemente observaciones administrativas. Por lo que la Comisión de Responsabilidades no tiene competencia para dictaminar al respecto, ya que no existe denuncia para juicio político.
Es diferente el resolutivo emanado de la auditoría que la Contraloría aplicó a la Administración del alcalde con licencia de Nazas, José Luis Galindo Almanza, ya que existe de por medio una denuncia de juicio político en contra del edil, lo cual deberá ser analizado, discutido y dictaminado por la Comisión de Responsabilidades.
Ello significa que la Comisión de Responsabilidades, de acuerdo con lo que establece la ley, deberá manifestarse sin competencia para conocer la resolución a la auditoría de la Administración de Gerardo Castillo. Y derivado de ello, una vez que suceda, llevarlo al pleno para que se tome un acuerdo para constituir la comisión especial de diputados que se abocaría a investigar al respecto.
Sin embargo, a decir de Octaviano Rendón, para ello se tendría que convocar a un período extraordinario de sesiones, lo cual surgiría del dictamen que emita la Comisión de Responsabilidades sobre la procedencia o no de juicio político en contra de José Luis Galindo.
Rendón Arce señaló que la Comisión de Responsabilidades ya sesionó el lunes pasado con la asistencia de los 3 diputados priistas, y la ausencia de Hilario Cantú, diputado del PAN quien la preside, así como de Armando Rodríguez, quien otra vez se reportó enfermo. Se acordó turnar al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Congreso los dos dictámenes de la auditoría, a fin de que se elabore un proyecto de dictamen, con el fin de que los legisladores lo analicen, discutan y resuelvan.
Dijo que no hay argumento para retrasar la dictaminación, de ahí que si el Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta el predictamen en los próximos días, se insistirá en que se cite de inmediato a los integrantes de la Comisión de Responsabilidades.
Inclusive, el coordinador de los diputados del PRI añadió que se pidió al Contralor más detalles sobre el dictamen que se emitiera sobre la auditoría a la Administración de José Luis Galindo, a fin de que el análisis y resolución a que se llegue tenga el soporte legal necesario, para que el pleno de la Legislatura a su vez lo apruebe, modifique o rechace en su caso.