MEXICO, D.F. (SUN-AEE).- En México cinco millones de habitantes carecen de certificados de nacimiento y otros 10 millones tienen el documento con alguna irregularidad.
Esta problemática se observa en los estados con mayor concentración indígena: el estado de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Un estudio hecho por la Fundación Mexicana de Apoyo Infantil (FAI) señala que tan solo en el estado de Chiapas, 59 mil 570 personas carecen de identidad, es decir, no cuentan con acta de nacimiento.
A decir de la Dirección del Registro Civil del estado, de los 100 mil nacimientos que se registran cada año en Chiapas, 6 mil no son registrados.
El estudio denominado "Derecho al nombre en el estado de Chiapas" establece que este subregistro de nacimientos se debe a la acumulación de documentos en el registro civil, ya que hay pocas oficinas que cuentan con la tecnología para emitir los certificados.
Otro problema en la legislación mexicana es que la obligación de reconocer y registrar a los hijos recae sólo en la madre "y de esta manera se protege a los hombres que no quieren hacerse cargo de su descendencia con la subsiguiente violación a los derechos de identidad y alimentos".
La FAI detectó en su visita a diversos poblados de Chiapas que otra situación que impide registrar a los niños es la lejana ubicación de las oficinas de registro civil, además de que el costo del certificado es elevado para la familia promedio.
El costo de un acta de nacimiento en la entidad varía entre los 8.18 pesos hasta los 107.91 pesos El organismo que realizó este diagnóstico junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó que un niño que no cuenta con el acta de nacimiento no sólo carece de identidad y nacionalidad, sino que también lo mantiene al margen de los bienes y servicios.
A pesar de que los niños indígenas se consideran mexicanos, e iguales ante la ley, se dan serias repercusiones asociadas con el subregistro de las poblaciones minoritarias. Si no de identifican correctamente, los niños indígenas pueden perder su acceso a oportunidades y servicios a los que tienen derecho.
Tal es el caso de la educación a la que no tiene acceso el 29% de la población mayor de 15 años en Chiapas.
Para corregir el rezago, la FAI recomendó al gobierno del estado la aplicación de políticas públicas de atención y protección a la infancia, mediante alianzas con instituciones públicas a nivel estatal y organismos civiles.