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MEXICO, DF.-La Procuraduría General de la República (PGR) resolvió que en el caso Amigos de Fox no hay recursos de procedencia ilícita y en consecuencia dictaminó que no procede el ejercicio de la acción penal contra Lino Korrodi Cruz, Gerardo Javier López, Carlota Robinson Kawachi, Rita Padilla García, Valeria Korrodi, Stephanie Korrodi Ordaz, Víctor David Almeida y Carlos Slim Helú.
Ayer, por escrito, la PGR notificó al diputado perredista Pablo Gómez Álvarez y al consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia, así como a cuatro personas más que plantearon el mismo asunto a la PGR, que sus hechos denunciados “no son constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El consejero Jaime Cárdenas anticipó que se amparará ante el veredicto de la PGR y en ese mismo sentido se pronunció el área jurídica del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La cédula de notificación, con fecha del siete de octubre, fue elaborada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Es la respuesta de la autoridad a las diversas denuncias que recibió sobre el caso Amigos de Fox, en las que se presumen diversos delitos electorales relacionados con la campaña de la Alianza por el Cambio para financiar en el 2000 las actividades del entonces candidato a la Presidencia de la República Vicente Fox.
Hay que recordar que Gómez Álvarez acudió a la PGR en septiembre del 2002 y Cárdenas Gracia lo hizo en octubre de ese mismo año, para denunciar un presunto lavado de dinero.
Según el oficio de la PGR, firmado por Raúl Martínez Justo, agente del Ministerio Público de la Federación, el lunes pasado se acordó notificarle a los denunciantes el dictamen emitido el tres de octubre “en el cual se determina procedente el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa número PGR/025/LD/2002”.
Llega a la conclusión de que no hay elementos para dar por hecho que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que desestima las denuncias al respecto y libera de culpa a quienes habían sido citados por haber aportado recursos de origen presuntamente desconocido a la Alianza por el Cambio.