En vísperas de que su status jurídico la pusiera en el segundo nivel de la PGR, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada mostró que al cambiar de nombre deberá llamarse en realidad Subprocuraduría de Exoneraciones.
La propaganda asegura que en la persecución al narcotráfico la UEDO ha sido especialmente exitosa. Ha identificado a las principales bandas y a sus jefes y algunos de ellos han sido detenidos.
No ha sido igualmente exitosa en acusarlos formalmente de modo que se les procese por todos los delitos que la propia UEDO ha querido fincarles. Y, de todas maneras, aun con las capturas de que se ufana y a que ha contribuido el Ejército, el consumo de drogas ilícitas no desciende y al contrario aumenta, lo que significa que el aprovisionamiento no ha sufrido merma alguna.
Cuando se trata de lavado de dinero diferente del que se produce para introducir las ganancias del negocio de los estupefacientes en los circuitos legales del dinero, la UEDO ha sido magistralmente inepta. Véase, a modo de ejemplo, lo que ha ocurrido con ese delito, presumiblemente cometido por los amigos de Fox y por los amigos de Labastida.
De entre los primeros, Lino Korrodi quedó involucrado en una averiguación previa a cargo de la UEDO. Lo señaló públicamente por esa conducta el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, quien no formalizó su denuncia por causas ajenas a su voluntad. Volviéndole el chirrión por el palito, la UEDO hizo detenerlo y tras interrogarlo por más de 24 horas, obtuvo de un juez federal una orden de arraigo. Conforme a ella, dentro de un plazo de treinta días debería reunir los indicios necesarios para someterlo a juicio.
El arraigo se ha convertido en una forma no demasiado velada de detención ilegal y aun secuestro. Aunque en su origen se daba al arraigado su propio domicilio como cárcel, en su práctica reciente resulta un modo de prisión preventiva, realizada en penales privados, pues no otra cosa son los hoteles o casas decomisadas que la PGR utiliza para tales reclusiones. Al cabo de ese mes, la UEDO no acreditó las operaciones que Fernández hubiera llevado a cabo con recursos de procedencia ilícita y el ex vigilante de los bancos fue dejado en libertad. O se cometió llanamente una injusticia al hacerlo reo durante 30 días, o se convino con él en un canje, mediante el cual no prosperarían las investigaciones en su contra ni tampoco las que deberían tener en el centro a Korrodi.
Este empresario, el principal amigo de Fox, fue tratado por la UEDO como corresponde a esa su condición, de un modo enteramente distinto que el asestado a Fernández. Sólo se le retuvo unas tres horas en la oficina de aquella Unidad que ahora se convierte en Subprocuraduría. Y poco tiempo después, no obstante que el señalamiento en su contra fue reforzado por las denuncias de Jaime Cárdenas y Pablo Gómez, miembros del consejo general del IFE (denuncias de carácter electoral, de que derivaron implicaciones de lavado de dinero, la UEDO relevó a Korrodi de cualquier responsabilidad en el ámbito de su competencia.
Ha sido más escandaloso todavía el desempeño de la UEDO en el caso llamado Pemexgate. A pesar de que hay una sentencia judicial sobre una porción de dinero sustraído ilegalmente a la empresa petrolera, la que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para confirmar la multa de mil millones de pesos impuesta por el IFE al PRI, la UEDO resolvió no ejercer acción penal por lavado de dinero contra el director general de Pemex y algunos de sus principales colaboradores, así como contra los líderes petroleros y los miembros del comité nacional priista. Respecto de los más de ellos se habían dictado órdenes de aprehensión, ninguna de las cuales se cumplió, salvo en un caso, el de Manuel Gomezperalta. El suyo es ejemplo máximo de la ineptitud del ministerio público federal. Fue el único detenido, no obstante que cesó en sus funciones como subdirector de Pemex precisamente antes de que se iniciara el descomunal trasiego de dinero donde la UEDO no ha encontrado ilegalidad.
El diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana no fueron acusados formalmente porque su fuero legislativo lo impidió y tuvieron éxito sus maniobras para impedir la pérdida de su inmunidad. Demoraron la tramitación de su desafuero mediante impugnaciones a la intervención de la UEDO en su caso, esgrimiendo un argumento que ahora esa oficina hace suyo, es decir que en el desvío de cantidades millonarias en que participaron no hay lavado de dinero.
Y sí lo hay, ¡vaya que lo hay! Como todo el mundo sabe, lavado de dinero es la denominación convencional de la conducta que penalmente consiste en realizar operaciones con recursos ilícitos. La entrega de millones de pesos de la dirección de Pemex al sindicato convirtió a ese dinero en recurso ilícito porque no correspondió a ningún aspecto de la relación laboral entre ambas partes. Recibir 640 millones de pesos, sólo una porción del total malversado, para entregarlo al PRI significa lavar ese dinero, porque se trató de un préstamo fingido, de una simulación, ya que nunca se cumplieron las estipulaciones pactadas a la entrega de ese numerario.
El crédito al sindicato no se cubrió nunca porque no había tal préstamo sino una indebida transferencia al partido que había llevado a Rogelio Montemayor al gobierno de Coahuila y a Romero Deschamps y a Aldana a sus curules.
Pero la UEDO no sostiene que así haya sido. Por eso su nivel será elevado y se convertirá en Subprocuraduría de Exoneraciones de la PGR.