23 de diciembre de 2003.
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo acuerdo mediante el cual estableció que son públicos todos los expedientes de las materias penal y familiar que tengan más de 36 años de haber sido archivados.
Es decir, a partir de enero del 2004 cualquier persona podrá solicitar y tener acceso a los expedientes de juicios federales de la materia penal o familiar que hayan concluido en 1968 o antes.
Todos los expedientes con fechas posteriores tienen el carácter de reservado.
Si alguien quiere acceder a un caso penal o familiar que haya concluido en 1969 o años posteriores sólo podrá obtener una versión "mutilada" a la que se le supriman los datos personales.
Mediante el acuerdo número 13/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre pasado, el máximo tribunal del país dio marcha atrás a un acuerdo anterior en el que había determinado que todos los expedientes penales y familiares que tiene bajo su resguardo tenían el carácter de reservados, sin excepción.
Con base en la Ley Federal de Transparencia, el 27 de mayo pasado, la SCJN elaboró el Acuerdo General 9/2003 a través del cual estableció los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a toda persona el acceso a la información pública que tiene bajo su resguardo.
Y en el artículo Cuarto Transitorio de dicho acuerdo, la Corte clasificó como reservados todos "los expedientes relativos a los asuntos de naturaleza penal o familiar" que tenía bajo su custodia hasta el día en que entró en vigor la Ley de Transparencia.
En este apartado se precisó que los expedientes penales y familiares que tenía bajo su resguardo la Corte mantendrían el carácter de reservado durante 12 años, contados a partir del 6 de junio pasado. Y no importaba si los expedientes eran de la primera mitad del siglo XX o incluso del siglo XIX.
Casi seis meses después los ministros de la SCJN decidieron dar marcha atrás a esta decisión.
El cambio de opinión se debió básicamente a los problemas que se derivaron de al menos un par de peticiones de información que hicieron investigadores de diferentes estados de la República en el sentido de acceder a expedientes penales y familiares del siglo XIX y principios del XX.