Agencias
LIMA, PERÚ.- Unos 25 países han comunicado al gobierno peruano que detendrían al ex presidente Alberto Fujimori si ingresa a sus territorios, dijo ayer el canciller Allan Wagner.
Perú pidió el miércoles a Japón la extradición de Fujimori para encausarlo aquí por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desapariciones forzadas.
El director del grupo peruano de derechos humanos APRODEH, Miguel Jugo, ha manifestado que el caso del gobierno se asienta, en parte, en testimonios secundarios de dos ex miembros del escuadrón de la muerte, y del ex comandante del ejército, general Nicolás Hermoza, quien se encuentra en prisión y esperando sentencia por cargos de corrupción.
“Hay declaraciones de dos ex miembros de Colina, que han dicho que Alberto Fujimori sabía sobre los asesinatos y participó en las decisiones para llevarlos a cabo”, manifestó Jugo.
Allan Wagner declaró a reporteros que “ya 25 países han manifestado formalmente que detendrían a Fujimori si se aparece en su territorio, para fines de extradición. El último en hacerlo, hace tres días, ha sido el gobierno de Rusia”.
El canciller lamentó que “un funcionario del gobierno japonés haya señalado que de manera general la ley japonesa no contempla la extradición de ciudadanos japoneses”.
“De alguna manera, aunque sea indirecta, estaría adelantando una opinión, y así se lo he manifestado al embajador del Japón en el Perú (Yubun Narita), de manera personal, que es como corresponde según los usos diplomáticos”, dijo Wagner.
Indicó que confía “que el Japón va hacer honor a su larga tradición jurídica y va a proceder a la extradición de Fujimori”.
Una empleada de la embajada japonesa, que declinó identificarse, dijo que la cancillería peruana, mediante una nota, invitó el jueves al cuerpo diplomático residente en Lima, incluso al embajador Narita, para informarles sobre el “caso Fujimori”; pero que desconocía en qué circunstancias hablaron Wagner y Narita.
Wagner dijo que “es imposible predecir la duración que tendrá este proceso de extradición. De acuerdo con el derecho internacional, no hay plazos para que el gobierno del Japón responda a la solicitud peruana. Hemos recibido algunas indicaciones de que no van a demorar exageradamente una respuesta”.