San Cristóbal de las Casas, (EFE).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) conmemora hoy y mañana el décimo aniversario de su levantamiento armado con fiestas en la zona de conflicto, aunque bajo la amenaza de grupos paramilitares.
La pervivencia de los grupos paramilitares en Chiapas, al sur de México, se ha convertido en la principal amenaza para los municipios zapatistas autónomos, que comenzaron sus celebraciones hoy, pues en la víspera del primero de enero comenzó el desplazamiento hacia las poblaciones que ocuparían en la madrugada del 1 de enero de 1994.
Diez años después de la acción militar guerrillera, las violaciones a los derechos humanos que denunciaron sus dirigentes permanecen en un estado donde el cambio más radical es que los campesinos hayan dejado de estar absolutamente aislados y se han organizado políticamente.
"Las características de la vida comunitaria después de 1994 van a cambiar sustancialmente", explicó a EFE Alejandro Aldana, portavoz del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Subrayó que el surgimiento de núcleos zapatistas alteró completamente las reglas de convivencia que regían en Chiapas y propició la aparición de nuevos elementos desestabilizadores.
El más importante entre ellos, dijo, lo constituyen los grupos paramilitares, que integran personas de diversa condición, también indígenas, armadas gracias a los apoyos que han recibido de líderes locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"Paz y Justicia", uno de los grupos paramilitares que actúan en la región norte de Chiapas, donde están los municipios autónomos de Ocosingo y las comunidades cercanas a Palenque, "es el más fuerte y organizado de todos", indicó el activista.
Sus acciones contra los habitantes de esa región, sean o no zapatistas, consisten en amenazas a individuos, cortes de caminos y del agua, apropiación de tierras situadas en espacios protegidos, cierre de escuelas y profanación de lugares sagrados, entre otras.
En el último mes fueron atacadas una cooperativa cafetalera administrada por zapatistas y la casa de salud y la escuela de un municipio autónomo, añadió.
Para el representante del Centro Fray Bartolomé de las Casas, muchas veces el objetivo de los paramilitares son las personas más vulnerables, sobre todo mujeres y niños.
Aldano responsabilizó en parte al presidente Vicente Fox de que haya decaído el interés por conocer el trasfondo de las violaciones a los derechos humanos, que han sido una constante en Chiapas durante los últimos diez años.
"Quizás una de las cuestiones que al parecer ha tenido mucha repercusión en el extranjero es el doble discurso de Fox, que hizo creer que el conflicto en Chiapas casi lo había arreglado", señaló Aldano.
El activista tildó de "gran mentira" la declaración presidencial de que el Ejército mexicano había abandonado Chiapas, cuando en realidad únicamente fueron reposicionados los retenes militares.
Recordó que ni siquiera es posible conocer cuántos soldados patrullan este estado, fronterizo con Guatemala, ya que el Gobierno considera el dato vital para la seguridad nacional.
Casos paradigmáticos de violencia en el estado como la matanza de Acteal, en la que fueron asesinados 46 civiles indefensos en diciembre de 1997, siguen sin resolverse en los tribunales.
"Ha habido una distorsión de los hechos, dilación en la dispensión de justicia, ninguna de las sentencias que se les dieron a los que están presos habla de reparación del daño, ni moral ni material", indicó Aldano.
En los municipios zapatistas las llamadas Juntas del Buen Gobierno buscan sistemas normativos propios que prescindan de la justicia ordinaria y les permitan defenderse de las agresiones y conflictos que padecen.
Con esta estrategia, esos municipios han conseguido que incluso gente que demanda justicia acuda a ellos antes que a la Fiscalía, muy desacreditada en Chiapas porque la mayoría de los casos son archivados y el desenlace de los procesos es incierto por la corrupción, puntualizó Aldana.