El IFE multará al Partido de la Sociedad Nacionalista con 140 millones de pesos. Pero la sanción será irrelevante para ese partido, que cerrará sus puertas poco después del seis de julio, pues no reunirá el número de votos preciso para conservar su patente de corzo, es decir su registro como partido político. De ese modo quedará sin castigo el abuso que permitió a la familia Riojas Simental disfrutar, para sí, de muchos millones de pesos trabajados por los sudorosos contribuyentes.
No debe restarse importancia al desvío de recursos públicos de Pemex al PRI, por el cual deberá cubrir una sanción cuyo monto es de mil millones de pesos. Pero en cierto modo revisten mayor gravedad las irregularidades en que incurrió el PSN, porque gastó en beneficio de sus dirigentes, que actúan en ese partido ánimus domini, es decir con ánimo de dueño; y porque el mecanismo de aplicación de la multa no le inferirá daño alguno. Ni el PRI ni el PSN tomarán de sus arcas mil millones y 140 millones de pesos para entregarlos a la Secretaría de Hacienda. Ocurrirá que el ministerio de las finanzas dejará de enviar al IFE y en consecuencia éste a los partidos afectados, con cargo a sus gastos ordinarios, las ministraciones suficientes para cubrir los montos de que se trata. El PRI vivirá en penuria el segundo semestre de este año y el primero del próximo, y aunque contará con otros ingresos, a una organización de su tamaño y de su presencia se le va a notar la pobreza. En cambio, será inocuo para el PSN no recibir partidas para gastos ordinarios porque ya no incurrirá en ellos. Quedará en una suerte de insolvencia política, porque los votantes le negarán la vida y el fisco se quedará con un chasco, pues no remitirá las cantidades por causa de tal sanción, pero de todas formas no los remitiría.
En rigor ético, debería poder demandarse del PSN, de sus propietarios, la restitución del dinero que malversaron, a su propio cargo, a partir de los bienes del propio partido. Pero la ley no establece un mecanismo de ese alcance, como no prevé en general una supervisión de las cuentas de los partidos fallidos, es decir de los que reciben dinero público y no obtienen el aval ciudadano en las urnas y cierran sus puertas.
El caso de la familia Riojas Simental debe ser ventilado públicamente no para su escarnio, sino con la esperanza —no perderé jamás la ingenuidad— de que la legislación electoral sea reformada de modo que no haya espacio para los negocios familiares —ni de otra naturaleza, por supuesto— ni queden en la impunidad quienes los practiquen, beneficiarios además de bienes que sólo por la munificencia pública pudieron obtener.
Los ingenieros Gustavo Riojas Santana y Berta Alicia Simental García, él nacido en Monterrey, Nuevo León, ella en Ciudad Camargo, Chihuahua, estudiaron ingeniería industrial, se casaron y militaron en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Lo representaron ante el IFE en 1994, él como propietario y ella como suplente. Perdido en ese año el registro del PARM, los Riojas Simental decidieron fundar su propio negocio. Lo consiguieron poco a poco. Primero fue un partido estatal, en Nuevo León; luego una agrupación política nacional, y finalmente, en 1999, un partido con derecho a participar en las elecciones, el PSN. No se trata de una opción ideológica y política realmente, ni representan específicamente los intereses de un sector de la población. El código electoral, si bien obliga a presentar documentos básicos, atiende más bien al cumplimiento de requisitos numéricos. Con una logística bien alimentada por recursos como los que arriesga el inversionista que espera la recuperación de su capital y una ganancia, y mediante trucos como convocar a rifas en que se participaba con la credencial de elector, los Riojas Simental reunieron los militantes y organizaron las asambleas que la ley exige.
Obtenido su registro, el PSN aprovechó la necesidad política opositora de constituir una ancha alianza y se sumó a la encabezada por el PRD hace tres años. Este último partido no obtuvo lo que necesitaba, pero sí sus aliados, entre ellos el negocio de los Riojas Simental. Para que no quedara duda de la sólida unidad familiar allí imperante, las tres diputaciones que recibió fueron para la pareja que dirige el partido y para Norma Patricia Riojas Santana, naturalmente hermana de Gustavo. Y para que nada faltara, Humberto Riojas Simental es el suplente de su padre.
Ya el año pasado, en su propio ámbito, el Instituto Electoral del Distrito Federal sancionó al PSN porque no manejó “en forma adecuada y transparente los recursos que le fueron otorgados para gastos de campaña”. Desvió tres millones y medio de pesos y realizó diversas maquinaciones para ocultarlo. Una de ellas consistió en presentar facturas por más de tres millones de pesos emitidas por la empresa Desarrollo Integral de Servicios Corporativos, Disc, de la que Riojas Santana es accionista mayoritario y administrador. Forman también parte de la sociedad su esposa la diputada Simental, y otro de sus hijos, Gustavo, que es además líder del sector juvenil de ese partido.
Una maniobra como la local se perpetró en grande en el ámbito federal. La propia empresa Disc, y otra llamada Gurios, también de los propietarios del partido, expidieron facturas que amparan 53 millones de pesos. Cualquiera de los dos extremos posibles es punible: O se simuló el gasto o se realizó en efecto y la familia Riojas Simental fue su propia proveedora.