Una buena causa: abaratar los medicamentos, ha encontrado pésimos patrocinadores y medios ineptos. Pero la reforma a la ley de propiedad industrial a ese respecto, que está a punto de discutirse en la Cámara de Diputados, puede ser piedra de toque para racionalizar el mercado de fármacos en beneficio de los consumidores.
Un activo e impúdico clan familiar acaba de lograr que se dictamine una enmienda legal que atemoriza a los grandes laboratorios farmacéuticos, contra los cuales tiene librada una ya antigua batalla uno de los miembros de esa familia, Víctor González Torres (VGT). Se trata de un personaje singular, propietario de al menos dos empresas en el ramo: Farmacias Similares y Laboratorios Best. Ha creado además, para la promoción política de sus intereses, un Movimiento Nacional Anticorrupción (MNA), todo lo cual se reúne en el Grupo por un país mejor, AC, que despliega campañas publicitarias irreprochables en su planteamiento escueto, pero deleznables por su verdadera motivación. ¿Quién puede oponerse a que se denuncien malos manejos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente cuando se describen mecanismos, se ofrecen montos y se enumeran las distribuidoras favorecidas ilegalmente por esa institución? ¿Y quién puede decir no a una “cruzada nacional en defensa de los enfermos de SIDA y cáncer”? Mas ocurre que los Laboratorios Best son proveedores del IMSS “desde hace más de cuarenta años” y las Similares expenden “lo mismo pero más barato”, porque aprovecha los vencimientos de patentes y vende productos que, por eso, no tienen que cubrir regalías a quienes los crearon, lo que le permite ofrecer “hasta 75 por ciento de ahorro”. Su mercado sería mayor en la medida en que se achicara el de los fármacos patentados o se abreviara el lapso de vigencia de las patentes.
Con esa intención, VGT promovió una reforma legal que, de haber prosperado en sus términos hubiera destrozado el régimen de protección a la propiedad industrial, en forma análoga a lo que ocurriría si se eliminaran las regalías autorales. Para aquel propósito, el Grupo por un país mejor, AC contó con el diestro mecanismo familiar: presentó la iniciativa el diputado José Antonio Arévalo González, sobrino de VGT, miembro del Partido Verde, fundado por Jorge González Torres, hermano de VGT y presidido por Jorge Emilio González Martínez, sobrino también de VGT.
El 25 de marzo, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen respecto de aquella iniciativa que, según sus impulsores tiene “el propósito de poner al alcance de los enfermos pobres los medicamentos necesarios para atender enfermedades graves, que se declaren de atención prioritaria”, pero que estaba orientada a beneficiar a quienes se aprovechan del esfuerzo de investigación ajeno. El dictamen fue aprobado por unanimidad, gracias a la hábil conducción de la presidenta de la Comisión, la panista guanajuatense Silvia Álvarez Bruneliere, rectora de la Universidad de su estado por un breve lapso y ex directora adjunta del Conacyt.
En rigor estricto, el principio que inquieta a los laboratorios propietarios de patentes ya se encuentra en la ley vigente. Dice el artículo 77 de la norma en vigor que “por causas de emergencia o seguridad nacional, y mientras duren éstas”, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial “por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, se entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población”.
La iniciativa ya dictaminada sustituye a la autoridad que aplicaría ese principio —jamás puesto en práctica— por el Consejo General de Salubridad, para que se ejerzan criterios de salud pública y no de protección a la propiedad industrial, como haría el Instituto correspondiente. Se rechazó la pretensión de reducir de 20 a diez años la vigencia de las patentes.
En el supuesto, no cumplido, de que ayer se discutiría ese dictamen en el pleno, la industria afectada proclamó su inconformidad. Puesto que ya está vigente, no es verdad que la legislación propuesta anule “la garantía sobre la propiedad industrial y la posibilidad de la recuperación de las inversiones realizadas en investigación”. En cambio, tienen razón los industriales al establecer que “desarrollar un medicamento original requiere más de diez años de investigación” y que tales medicamentos “son seguros y efectivos ya que están avalados por un proceso de elaboración apegado a las normas internacionales de manufactura”.
A su vez, VGT y sus empresas aciertan al denunciar los altísimos precios impuestos a algunos fármacos, que según su información llega en un caso hasta significar ciento diez veces el costo del medicamento. Es verdad que las ganancias en ese terreno son anchísimas y que se producen en perjuicio de la salud y la economía de los usuarios. Lo muestran el alza de precios y la enorme variedad de descuentos que ofrece el mercado farmacéutico, según una indagación de un diario capitalino (primero de abril): la Neomelubrina cuesta hoy treinta por ciento más que el año pasado, por ejemplo; y las rebajas pueden llegar hasta el 80 por ciento, lo que significa que el costo es mucho menor que el precio máximo fijado por la Secretaría de Economía.
Reduzca sus precios la industria y no tendrá nada qué temer.