No ha podido la Procuraduría General de la República, en treinta días, reunir indicios que permitan acusar penalmente a Eduardo Fernández, ex presidente de la Conbava (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero. Por eso, al concluir hoy el arraigo de treinta días a que fue sometido, debe cambiar la situación legal del ex funcionario. Una alternativa es que quede en libertad. Pero el ministerio público parece resuelto a impedir ese extremo. A esta hora quizá fue ya dictada la orden de aprehensión que solicitó, por infringir el secreto bancario y uso indebido de atribuciones. Si más adelante se hallan los depósitos bancarios en el extranjero que acrediten su corrupción, sería también solicitada su aprehensión por lavar dinero. Por las dudas, la PGR ha recibido, quién sabe si por invitación a los denunciantes o porque ellos juzgaron procedente acudir ahora al ministerio público, un buen número de denuncias relativas a otros delitos, que de prosperar contribuirán a procesar al antiguo responsable de la supervisión bancaria en México.
Fernández fue un funcionario poderosísimo. Tuvo en sus manos vidas y haciendas de muchas personas. Al servicio del Presidente Zedillo y del secretario de Hacienda Guillermo Ortiz contribuyó a diseñar, y operó, el rescate bancario que tan oneroso ha sido y será para los contribuyentes, todavía durante muchos años. Pero en esa magna tarea, y en otras concernientes a su función cotidiana, tocó intereses que ahora reaccionan, cuando del poder ha pasado a la vulnerabilidad.
Sobresale entre las nuevas denuncias contra Fernández la presentada por Ángel Isidoro Rodríguez, que antes que su denunciado conoció el triste tránsito de la gloria a la persecución judicial. Hijo de un prominente transportista que se aventuró en el ámbito financiero precisamente para ofrecerse créditos en su ramo principal, Rodríguez siguió el derrotero bancario. Y en la privatización de hace un decenio adquirió Banpaís, que luego sería intervenido por la Convaba. Como resultado de esa operación legal, Rodríguez fue denunciado por varios delitos de cuello blanco. Prófugo de la justicia, fue detenido en España y extraditado a México, donde se le siguieron cuatro procesos. Esos cuatro ejes judiciales dieron lugar a que 20 jueces desarrollaran doscientos procedimientos, al cabo de los cuales Rodríguez ha sido exonerado, por completo, que es el apetecible destino de quienes poseen capacidad económica suficiente para proveerse de defensa jurídica eficaz, y no necesariamente el de quienes no han cometido los delitos de que se les acusa.
Libre de sus propias exigencias judiciales, y advertido de la fragilidad política y legal que en este momento padece Fernández, Rodríguez ha presentado en su contra una denuncia cuya relación de hechos revela o explica los turbios enjuagues a que dio lugar la privatización bancaria que de modo superficial fue examinada en un libro propagandístico por quien fue en amplia medida su autor, Guillermo Ortiz.
Convertido por Zedillo de subsecretario en secretario de Hacienda y luego en gobernador del Banco de México, contra Ortiz se dirige también la denuncia de Rodríguez, que todo el tiempo atribuyó sus quebrantos judiciales a inquina política y ahora supone estar en posición de documentarla. Dos veces antes presentó esa denuncia, pero el procurador Jorge A. Madrazo no le dio curso. Rodríguez asegura que le fue pedido el nombramiento de una persona para encabezar el grupo financiero que había formado a partir de la adquisición de Banpaís. Escondido en la apariencia de una recomendación técnica para mejorar el manejo del grupo, en realidad se trataba de un chantaje, según le pareció desde entonces, pues al rehusar hacer esa designación, su banco fue intervenido poco después. No sólo eso: En entrevista aparecida anteayer en un diario capitalino (y es de suponerse que en la denuncia penal también) afirma haber sido víctima de “extorsión de parte de Guillermo Ortiz, en el sentido de que él quiso cobrar algunos favores, relacionados con un crédito de 250 millones de dólares, que sirvió para la adquisición de Asemex... él pensaba que iba a recibir alguna retribución...” (“Negocios”, 25 de marzo).
Fernández fue detenido hace 32 días, luego de que a sabiendas de que eso ocurriría, se anticipó a formular dos graves señalamientos, que hasta ahora, por la situación en que se le puso, no ha podido formalizar como denuncias ante el ministerio público. Si no fue una baladronada, el tendido de una cortina de humo para ocultar sus propias culpas, es hora de que el cambio de su situación legal le permita denunciar el lavado de dinero que atribuye a Los Amigos de Fox, particularmente a Lino Korrodi, y el aún más grave lavado judicial que achacó al presidente Fox mismo y al procurador general Macedo, consistente en manejos para eliminar evidencias sobre las ilícitas maniobras en que, a su juicio incurrió el club que apoyó la precandidatura y la candidatura del ahora titular del poder Ejecutivo.
Lo peor que puede ocurrir en este cruzamiento de acusaciones es que todos tengan razón, y que su disputa no sea suscitada por preservar la transparencia e ir en pos de la justicia sino por el botín de la banca privatizada y el poder presidencial mismo. Los ruines manejos del dinero público o llegado del extranjero deben ser objeto de una cuidadosa indagación judicial que haga posible recobrar confianza en las instituciones.